Unión Progreso y Democracia (UPyD) quiere que se minimice el coste que para el municipio de Ávila supondrá la compensación a la sociedad urbanística beneficiada por el plan de expansión urbanístico hacia Naturávila, denominado Sexta Modificación del PGOU y revocado definitivamente por el Tribunal Supremo. Para ello, UPyD, partido político que, junto con Fecopa y un grupo de particulares, denunció fructíferamente este plan ante la Justicia, propone que se indemnice a dicha sociedad únicamente con el valor del suelo rústico que cedió al Ayuntamiento de Ávila para construir el Cylog.
El partido magenta persigue con este objetivo que se ponga fin a la «inconcreción» que, a su juicio, preside el convenio que dio cobertura pública legal a la controvertida permuta acordada en 2006 y al subsiguiente plan urbanístico tumbado por el Supremo. Unas imprecisas consecuencias indemnizatorias evaluables «entre 4 y 40 millones de euros». UPyD también ha pedido «responsabilidades políticas» por «aquel plan que era un disparate y obviamente ilegal». Por ello, ha reclamado la dimisión del senador del PP por Ávila Miguel Ángel García Nieto, a la sazón alcalde popular de la capital abulense, al cuestionar su capacidad para gestionar recursos públicos. Por la misma razón, desde la formación política piden también el cese del actual alcalde del PP de la localidad vallisoletana de Simancas, Alberto Plaza, entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ávila. «Si dimitiera sería asombroso y dejaría el listón muy alto», enfatizó Javier Cerrajero, concejal de UPyD en la Corporación salida de las elecciones del pasado 24-M, un partido que no estaba representado en el Consistorio cuando se formalizó la permuta. Cerrajero criticó el que, desde su opinión, ha sido un papel tibio por parte de PSOE e IU– la oposición en los años que se rubricó la operación– en la denuncia de dicho planeamiento y puso un acento especial en IU, de quien subrayó que «ni siquiera presentó alegaciones a la Sexta Modificación del PGOU».
Cerrajero compareció ayer ante los medios con Luis Represa, abogado de la formación en Ávila. El letrado manifestó la voluntad del partido magenta de colaborar con el gobierno municipal actual para evitar graves perjuicios a las arcas públicas y confió en que se llegue a un acuerdo porque cree que hay parcelas municipales disponibles. UPyD se informará sobre estos activos y sobre los pormenores del acuerdo de permuta, incluidos los de índole más privada si los hubiera. Además, interpreta que, analizando las cláusulas del convenio, los tribunales podrían tener la última palabra sobre el contenido de la indemnización. El partido, así mismo, ha manifestado su respeto a las legítimas aspiraciones de la empresa «porque estamos en un Estado de Derecho». Represa considera que la sentencia que anula el plan expansivo hacia Naturávila ha servido también para salvar el desarrollo urbanístico futuro de la zona Sureste de la ciudad.