Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán comparecieron ayer en la comisión de investigación sobre las subvenciones a la formación profesional para el empleo, en vísperas de que asista también a este órgano la actual jefa del Ejecutivo regional, Susana Díaz, que cierra hoy la primera ronda de comparecencias, tal y como acordó el Parlamento.

Chaves fue el primero en intervenir y quien admitió que durante los casi 20 años que estuvo al frente del Gobierno andaluz pudo haber alguna irregularidad en la gestión de las ayudas a la formación, pero no ilegalidad, así como defendió que en ese período «nunca» se produjo una «alerta o aviso» dentro de la administración sobre ningún tipo de «deficiencia o irregularidad» y que «nunca», a lo largo de su ejercicio como presidente, firmó «ninguna decisión ilegal».

El político, que estuvo declarando unas dos horas y media, incidió en que tampoco dio «nunca» «recomendaciones o instrucciones» para que se alterasen los principios relativos a una gestión y ejecución legal de las ayudas.

«Todas las decisiones que se adoptaron en el Consejo de Gobierno fueron legales, con los trámites y requisitos exigidos por la ley», apuntó antes de recalcar que «creo que durante mi mandato no se produjo ninguna alerta dentro de la Administración, creo que ni siquiera fuera, sobre cualquier deficiencia o irregularidad».

En cualquier caso, defendió que, de haberse dado, «el acto ilegal es por parte de quien ha cobrado ilícitamente, no de la Administración». «Lo importante es si dentro de la Administración se ha actuado legalmente, que yo creo que sí», apostilló.

E igual argumentación utilizó su predecesor al frente de la Junta andaluza. José Antonio Griñán mostraba así su convencimiento de que el Ejecutivo regional actuó siempre de acuerdo con la legalidad y afirmó que «las deficiencias que han podido producirse no han sido de la Administración, sino contra ella». Durante su comparecencia sostuvo, asimismo, que en esta cuestión la Administración «ha actuado de acuerdo con la legalidad y mediante procesos reglados y garantistas».

Medios escasos. El expresidente andaluz, que ocupó este cargo entre 2009 y 2013, resaltó que el Interventor General de la Junta definió el procedimiento relacionado con las exceptuaciones como «garantista» y subrayó que «no esto existe en ninguna otra comunidad salvo en Andalucía».

«En esta cuestión, el gran problema es que no hay suficientes recursos humanos para desarrollar todas las funciones» relacionadas con las ayudas, mantuvo Griñán, quien recordó que desde el año 2010 la ley de presupuestos «cierra la apertura a cualquier aumento de plantilla».

También ayer se sentó ante la comisión para dar su versión de los hechos la exconsejera de Educación de la Junta andaluza Mar Moreno, quien determinó que «jamás recibió ni dio» orden alguna para que se dejara de observar la legislación vigente en los cinco meses que estuvo al frente del cargo y señaló que «las exigencias de gestión de Andalucía no tienen parangón alguno».