El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular acordó este martes la apertura de expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia del presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y del diputado provincial y concejal en Solosancho Jesús Martín García, por los hechos acaecidos en la constitución de la institución provincial el pasado 25 de junio.
Asimismo, el comité aprobó la designación del diputado por Murcia Andrés Ayala Sánchez como instructor del citado expediente y desde Génova se dejó claro que la suspensión cautelar de militancia no prejuzga la resolución del expediente disciplinario, tal y como recogen los estatutos del partido.
Ahora, según informaron a este periódico fuentes cercanas al Partido Popular, se abrirá audiencia a los expedientados para su defensa y presentación de alegaciones, posiblemente por escrito, de cara a la posterior resolución del procedimiento, que será lo más rápida posible, al no esperarse contradicción entre las partes al aceptarse los hechos ocurridos el pasado 25 de junio, aunque todo dependerá también de si en dichas alegaciones, los interesados quieren o no justificar su actitud al objeto de que pueda ser graduada la sanción, algo que es de esperar.
Reacciones. Tras conocer el acuerdo del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, el presidente de la Diputación Provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el diputado Jesús Martín García, que fue quien anunció la candidatura de Sánchez Cabrera a la Presidencia alternativa a la oficialista de Pablo Luis Gómez, mostraron «el máximo respeto» a la decisión cautelar hecha pública este martes. Una decisión que «no es definitiva, que acatan, y que supone el inicio del expediente», aclararon.
Sánchez Cabrera explicó después que acoge con «normalidad» la medida, dentro del«procedimiento habitual», y que se encontraba «tranquilo» y con «confianza» en el comité. «Espero que se entienda lo que pasó, nuestras razones para hacer lo que hicimos» en el marco de «lealtad» al Partido Popular, subrayó. En este sentido, indicó que a partir de ahora lo que toca es «que nos escuchen a las distintas partes, al PP de Ávila, a este presidente y al resto de diputados provinciales», si bien también reclamó que se pueda escuchar a los «alcaldes y concejales» de Ávila. A su juicio, sería «lo normal» para que «se entienda de dónde vino todo, el justificante» de la decisión del 25 de junio.
Sánchez Cabrera explicó que desconoce los plazos del expediente y si éste derivará en una sanción o el archivo de la misma, pero que en cualquier caso «acatará» la resolución definitiva. Mientras, seguirá atendiendo sus funciones y su agenda «con toda normalidad».
Por su parte, el portavoz del PP de Ávila, David Beltrán, manifestó que respetan la decisión del Comité Nacional de Derechos y Garantías y subrayó que «el Partido Popular es un partido de orden, empezando por su presidente, y la decisión adoptada es normal y justa, porque si no se hubiese tomado ninguna medida y se hubiese aceptado una deslealtad tan clara, no servirían de nada los estatutos del partido ni su orden interno». «Es una deslealtad por parte de Sánchez Cabrera, Martín García y el resto de diputados provinciales que le apoyaron porque se saltaron las normas del partido para hacerse con la Presidencia de la Diputación de Ávila, pero sin embargo sí utilizaron esas normas parar ser elegidos diputados provinciales, es decir, que utilizan las normas sólo cuando les interesa», añadió Beltrán.