Los afiliados de Sortu, Alternatiba, Aralar y Eusko Alkartasuna, partidos que forman la coalición EH Bildu, decidieron el pasado martes que Arnaldo Otegi liderase a la izquierda abertzale en los comicios autonómicos previstos para el próximo otoño. Sin embargo, apenas 24 horas después, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, anunció ayer que su Departamento informará a la Junta Electoral del País Vasco de las condenas judiciales que pesan contra el aspirante a lehendakari, y que, en principio, le inhabilitan para presentarse a cualquier cita con las urnas hasta el 28 de febrero de 2021. Una vez que el órgano que controla la organización de las votaciones reciba la documentación, deberá decidir sobre esa posible candidatura.
El 16 de septiembre de 2011, la Audiencia Nacional condenó al exportavoz de Batasuna a 10 años de prisión -pena que fue rebajada a seis años y medio- e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, así como para el empleo y cargo público por el mismo tiempo. La Justicia consideró que el líder abertzale formaba parte de ETA por intentar reconstruir la dirección de la ilegalizada Batasuna. Aunque el Tribunal Supremo rebajó los años de cárcel, confirmó, posteriormente, que el acusado no podría tener ningún cargo público hasta 2021.
«La pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo que le fue impuesta le impide ser elegido en cualquier proceso electoral, sea europeo, nacional o autonómico provincial o local y la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público le impide ejercer cualquiera cargos públicos restantes aunque no se hayan precisado en la sentencia», precisa la Fiscalía.
Sortu, así como distintos abogados de la izquierda abertzale, consideran que Otegi puede postularse como candidato al considerar que existe «un error» en la redacción del fallo, ya que no se especifica para qué cargos públicos está inhabilitado. Fundamentan su postura en el caso del parlamentario de EH Bildu Íker Casanova, que fue condenado por terrorismo y sobre el que pesaba una pena de inhabilitación especial, que quedó sin efecto al no aclarar la sentencia para qué empleos o cargos públicos estaba inhabilitado.
En todo caso, será la Junta Electoral del País Vasco la que, en su día, analice la documentación de la que dispone sobre esta cuestión para adoptar una resolución. La decisión podría ser impugnada por EH Bildu ante la jurisdicción Contencioso-administrativa, que resolvería en dos días. En caso de que el recurso fuera desestimado, la decisión se podría recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Precisamente, el propio Otegi protagonizó ayer un acto en Bilbao, pero evitó pronunciarse sobre su posible inhabilitación. El exportavoz de Batasuna abogó por «repensar el proyecto independentista», porque entiende que «no puede pivotar en exclusiva sobre el carácter identitario».