El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrado el pasado 19 de mayo aprobó el Decreto de regulación del Plan de Conservación del Lobo en Castilla y León. Se trata de un plan que considera que todos los lobos de la Comunidad, alrededor de 179 manadas que suponen un 60 por ciento de los existentes en España, forman parte de una única población biológica que tiene carácter continuo. A su vez, clarifica que el río Duero es la línea divisoria que diferencia el estatus jurídico de la especie, cinegética al norte y estrictamente protegida al sur, tal y como dispone la Directiva Europea Hábitats 92/43/CEE, algo con lo que la mayoría de los ganaderos de la provincia de Ávila no están de acuerdo pero que debería ser debatido a nivel Europeo.
Entre los objetivos más destacados del Decreto 14/2016 está el establecimiento de medidas necesarias para mantener la población de lobos de Castilla y León, «siempre buscando la compatibilidad con el aprovechamiento ganadero tradicional de tipo extensivo». Esto supone establecer como objetivo minimizar los efectos negativos que la especie pueda originar sobre el ganado, promoviendo que las explotaciones ganaderas realicen medidas de custodia y prevención de ataques pero también articulando medidas de compensación de daños a la ganadería extensiva que resulten más ágiles y eficaces que las que se han venido concediendo hasta ahora que, en ocasiones acumulan una tardanza de un año.
El compromiso del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las reuniones que ha venido manteniendo en los últimos meses con los representantes de las OPA, cuyo objetivo era intentar minimizar los daños ocasionados por el lobo en la zona en la que es catalogado como especie protegida, donde se halla la provincia de Ávila, una de las más castigadas por los cánidos; contemplaba que antes de finalizar el mes de mayo se publicara, como así ha sido, la Orden que hace efectivo un seguro suscrito a cargo de la Junta de Castilla y León para indemnizar el pago de los daños causados a la ganadería en la zona de protección del sur del Duero de una forma ágil, tanto por el daño real como por el lucro cesante. Esta Orden establece que en el plazo de quince días, desde la comunicación del ataque, el ganadero perciba el importe estipulado.
A su vez, esta Orden establece un sencillo procedimiento para que, en el caso de producirse la muerte de ganado por ataque de lobos al sur del Duero -donde la especie es estrictamente protegida-, el ganadero comunique esta incidencia en menos de 48 horas desde que se haya producido el ataque. Una vez recibida la comunicación por la Administración autonómica de forma telefónica, los funcionarios de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, concretamente, agentes medioambientales, comprobarán los hechos y circunstancias del ataque redactando un informe. Con este requisito, se dará traslado a la aseguradora para que, en el plazo máximo de 15 días desde su comunicación, se pague el importe estipulado al ganadero.
Así queda recogido en esta orden fruto de las numerosas reuniones mantenidas con las organizaciones agrarias, alcaldes y ganaderos afectados. En ellas se discutió el hecho de que el principal objetivo del Plan de Conservación y Gestión del Lobo se centra en lograr la compatibilización con la ganadería extensiva, bien a través de la aplicación de medidas preventivas que logren evitar los daños o compensando en tiempo y cantidad adecuada estos perjuicios que ocasionan los cánidos de manera reiterada a numerosas explotaciones. Plantea también que « si no hubiera otras soluciones satisfactorias, se procederá a controlar las poblaciones locales de lobos».