La toma de posesión está siendo organizada por el Palau de la Generalitat con supervisión del Gobierno central en virtud del artículo 155 de la Constitución, y por primera vez no se llevará a cabo en el Saló Sant Jordi ni habrá los tradicionales invitados -en la de Carles Puigdemont hubo unos 400-. Torra defendió el martes que quería que fuera un acto íntimo y sencillo para "constatar la situación de excepcionalidad y la tristeza" por tener a miembros del anterior Govern en la cárcel y en el extranjero. Y el acto será íntimo y sencillo como pretende Torra, pero la supervisión del Gobierno central garantizará que sea plenamente constitucional en cuanto a su formato. Torra no estará obligado a acatar el Estatut y la Constitución en el momento de tomar posesión del cargo porque hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le exime de ello.