Castilla y León perdió en el último año casi 23.000 empleos públicos por las medidas de ajuste y reestructuración de las diferentes administraciones ante la crisis, la mayor parte de ellos de las administraciones central (9.700) y local (9.500), frente a los 3.400 de la autonómica. En concreto, la Comunidad contaba a finales del segundo trimestre del año con 178.300 empleados públicos frente a los 201.000 del mismo periodo del año 2011, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La Administración central pasó en ese periodo de 42.900 empleados a 33.200; la local, de 43.200 a 33.700, y la autonómica, de 114.800 a 111.400.
Los últimos meses han constituido un punto de inflexión en la tendencia al alza que mantenía el empleo público en la región, con diferentes comportamientos dependiendo de cada administración. El descenso de los puestos de trabajo en la estatal ya se inició en el primer trimestre de 2011, cuando contaba con 45.600 empleados, y ha sido constante cada trimestre hasta el cierre de junio de 2012. Sin embargo, la Administración autonómica siguió creciendo durante todo el año pasado, desde los 111.300 trabajadores del primer trimestre hasta un máximo de 117.800 en el último, para iniciar su reducción en 2012. El mismo caso se da en las entidades locales, que arrancaron 2011 con 37.900 empleados, para alcanzar los 40.500 en el tercer trimestre del pasado ejercicio, cuando empezó su rebaja hasta los niveles actuales, siempre según los datos aportados por el INE.
La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Carmen Amez, destacó que la pérdida de casi 23.000 empleos públicos en Castilla y León en el último año evidencia que las medidas puestas en marcha por el Gobierno lo único que están logrando es elevar el desempleo a nivel general y «reducir totalmente el crecimiento económico de esta autonomía y de España». Carmen Amez aseguró que Castilla y León «en breve se verá obligada a estar en un desierto laboral», con una masa de trabajadores «exigua» y una población integrada «sólo por pensionistas, jubilados y pocas empresas».
En cuanto a los servicios públicos, denunció que se producirá una «clara situación de deterioro» y «pasarán a un segundo plano» atenciones básicas como la sanidad, los servicios sociales y la educación. «Se prestará una atención muy mediocre y muchos servicios se verán comprometidos, lo que supondrá la pérdida de los logros alcanzados en el estado del bienestar, que tanto ha costado alcanzar en esta autonomía», manifestó.
Sacrificios. El presidente autonómico de CSIF, Nicanor García de la Viuda, lamentó el ataque político al empleo público «cuando ellos no se tocan» y advirtió de que el colectivo «no puede asumir más sacrificios» porque, «si no, tendremos que cerrar el chiringuito». «Nosotros no hemos creado esta crisis y estamos cargando con ella. Los culpables son los políticos que están gestionando un dinero público alegremente», resumió, para defender que los empleados de las administraciones desempeñan una «labor muy importante dentro de la sociedad».
El descenso del empleo público incidirá en el paro y en la recesión económica, según el dirigente de CSIF, quien también advirtió de que, «aunque no hay mucho trabajo dentro de las administraciones, la sanidad y la enseñanza son primordiales y no se pueden perder esos puestos de trabajo que se están perdiendo». Nicanor García de la Viuda asumió que seguirán descendiendo y afirmó que ya se está barajando desde la Junta la aplicación de expedientes de regulación de empleo para los laborales. «Lo veo bastante mal», resumió.
Por su parte, el secretario de Organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Castilla y León, Carlos Julio López Inclán, recalcó que estas cifras reflejan que los empleados públicos «son una de las dianas que ha cogido el Gobierno del PP buscando culpables de la crisis». «Nos ha tocado a nosotros», lamentó.
Depresión económica. El representante de CCOO criticó que «parece que somos el enemigo económico número uno, algo que no es así», dijo, para defender que la crisis se explica en el sector financiero y en la falta de un compromiso empresarial. Recordó que los empleados públicos también son consumidores y atacar su empleo e ingresos «refuerza la depresión de la economía». «Las fórmulas del PP son contrarias a la propia dinámica económica», sentenció.
Advirtió también del deterioro que se producirá en los servicios públicos y argumentó que estos empleados son «los que permiten a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, por lo que también se deteriorará la democracia. Es una cuestión que deberían conocer todos los ciudadanos, se podrán ejercer menos derechos y con peor calidad. Nos afecta a todos», recalcó. Por último, argumentó para defender el mantenimiento del empleo público que su nivel en España está por debajo del de otros países de la UE.