Mientras el número dos de Economía de la Generalitat insta a los farmacéuticos a poner «una vela a su patrona de preferencia» para cobrar el dinero que les debe el Govern, compañeros suyos de Gabinete enfatizan la viabilidad de una Cataluña independiente. No se ponen de acuerdo, según parece, ni ellos mismos. Los números de esa hipotética república catalana son diametralmente opuestos dependiendo de quien los presente, por lo que vaticinar qué ocurriría en un escenario que, a día de hoy, es legal y políticamente imposible resulta casi tan complicado como acertar el Gordo de la Lotería de Navidad. Puede, incluso, que dar con la cifra afortunada sea más sencillo. Sí es posible, en cambio, analizar las consecuencias económicas que la deriva soberanista ya ha tenido sobre la Comunidad Autonómica.
La última cifra impactante la puso sobre la mesa el Círculo de Empresarios de Cataluña: 1.700 compañías han abandonado la región como consecuencia del auge del secesionismo. Solo en 2015, cambiaron su domicilio social 315 firmas, con una facturación conjunta que supera los 200 millones de euros y con una masa laboral de más de 800 empleados. Según avisa la institución, estos números serán apenas una anécdota en comparación con «la desbandada» que se prevé si los soberanistas siguen adelante con su desafío, a pesar de las decisiones del Constitucional y del resto de herramientas que el Gobierno ya ha avisado de que utilizará si fuera necesario.
Si se echa la vista aún más atrás, más de 3.800 empresas han salido de Cataluña para establecerse en otra comunidad desde que gobierna Artur Mas, frente a las 2.547 que han recorrido el camino inverso. Curiosamente, en ese mismo período, la Comunidad de Madrid registró una salida de 5.758 firmas frente a la llegada de 7.524 compañías, lo que supone un aumento del número total de 1.766 empresas.
«Yo no me quiero ir de Cataluña, pero ser empresario español en esta región con las condiciones actuales es muy difícil». La frase es del presidente y principal accionista de Naturhouse, Félix Revuelta, quien, según denuncia, no es el único que piensa así, aunque muchos callan «por temor a perder las subvenciones de la Generalitat». Sin embargo, más allá de ese silencio, varios notables de la sociedad empresarial catalana han anunciado en las últimas semanas su decisión de trasladar sus compañías fuera de Cataluña. Entre estos nombres emblemáticos destacan los de los hoteleros Jordi Clos y Pau Guardans.
Aparte de grandes corporaciones, en la lista de fugas también destacan periodistas como Manuel Campo Vidal, cuya empresa, Multimedia Lua, dedicada a la producción televisiva, cambió su sede a Madrid el año pasado; lo mismo que hizo la firma que preside la televisiva Sandra Barneda. El director de cine Juan Antonio Bayona también cogió el puente aéreo para deslocalizar su firma.
‘Bono basura’. El órdago independentista de Artur Mas ha provocado, no solo por la salida de empresas, un notable deterioro de la situación financiera de Cataluña. Tras la aprobación de la resolución secesionista, las agencias de calificación Fitch y Standard & Poor’s degradaron a bono basura la calificación crediticia catalana. Esta situación dificulta que la Generalitat emita bonos o que el Banco Central Europeo pueda comprar su deuda, a pesar de su más que previsible política expansiva a partir de diciembre. Debido a estos problemas, para Cataluña, ahora mismo, es imprescindible el apoyo estatal a través del FLA, del que ya ha recibido más de 25.000 millones. Una cantidad que parecen no tener en cuenta los secesionistas cuando proclaman aquello de Espanya ens roba, mientras, eso sí, piden poner velas para que cobren su deudores.