La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila, María Carmen del Peso  Crespos, ha admitido a trámite la denuncia remitida por el fiscal contra Elgorriaga Brands por un presunto delito de estafa o de insolvencia punible de la empresa. Al mismo tiempo ha nombrado a dos administradores judiciales, Miguel Ángel Martín de Miguel y Aurelio Gurrea Chalé, para encauzar la situación de la entidad. Estos administradores son los mismos que en su día tomaron el mando de la empresa cuando la fábrica era propiedad de la familia Ruiz-Mateos y se dictó el concurso de acreedores. Con este auto se abre el procedimiento penal, aunque la toma de declaraciones no comenzará hasta el 12 de septiembre, cuando se citará a José Andrés Fernández, presidente de Urbasa Global y propietario de Elgorriaga.

Miguel Ángel Martín de Miguel y Aurelio Gurrea, una vez que todas las partes recibieron la notificación de la jueza, ya desembarcaron este martes en la factoría y a última hora de la mañana el primero de ellos mantuvo el primer encuentro con el comité de empresa para transmitirles tranquilidad y mostrarles su confianza y esperanza en que la fábrica tiene futuro, y así lo reconoció tanto la presidenta del comité de empresa, Petri Palomo, como el propio Miguel Ángel Martín.

La rápida resolución de la magistrada fue recibida con «mucha esperanza y alegría» por los trabajadores, precisó Petri Palomo, que valoró la capacidad de los administradores judiciales en el tiempo que estuvieron al frente de la empresa, entre abril de 2011 y marzo de 2012, cuando el grupo Urbasa Global decidió adquirir la compañía tras la crisis de Nueva Rumasa. «Con ellos nos fue muy bien y confiamos en que ahora sea igual. Conocen la empresa y la primera decisión que han tomado en que comience a entrar la materia prima para que podamos seguir trabajando y no se paralice la producción», recalcó la presidenta del comité de empresa.

En este sentido, Miguel Ángel Martín explicó que desde ayer son ellos los que asumen todas las decisiones de la fábrica:bancarias, pagos, empleados o ventas. El dueño de la empresa deja de ser administrador provisionalmente mientras se resuelve el procedimiento penal. «Nuestra función es salvaguadar el buen funcionamiento de la empresa», afirmó Martín.

También han mostrado su compromiso los administradores concursales para que la plantilla comience a cobrar la deuda que lleva acumulada, y que se remota a la extraordinaria del mes de marzo, un 55% de la nómina de mayo, la de junio y a la que se podría sumar la de julio, próximo ya a concluir. Petri Palomo precisó, y así lo confirmó Miguel Ángel Martín, que los administradores les garantizaron que esta semana cobrarán la nómina que les falta del mes de mayo y que en las próximas semanas irán viendo la manera de acabar con esa deuda, que era ya un pesado lastre para unos trabajadores que durante los últimos meses han contemplado con incredulidad cómo crecía la carga de trabajo, hasta el punto de tener cuatro turnos de trabajo, y aumentaban las exportaciones y, sin embargo, su deuda iba en aumento. A su vez, el administrador insistió en que no pretende recurrir el préstamo bloqueado por la Junta de Castilla y León para tal fin. «No es mi intención tirar del préstamo para pagar a los trabajadores», manifestó.

La presidenta del comité de empresa también quiso destacar el papel que han jugado tanto la Junta de Castilla y León como la Fiscalía para que el tema se haya resuelto con tanta celeridad, y también, como es obvio, la rapidez con la que la jueza ha dictado el auto, ya que el temor de los trabajadores era que hubiese comenzado el mes de agosto y se hubiese perpetuado esta situación.