El portavoz del grupo parlamentario popular en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, Miguel Ángel García Nieto, defendió este lunes una moción en la Cámara Alta por la que se insta al Gobierno a regular la figura profesional de la asistencia personal para personas en situación de dependencia.

García Nieto destacó que el asistente personal "es un profesional que desempeña un servicio que permite a las personas con discapacidad, en situación de dependencia, llevar una vida independiente, al tiempo que fomenta su autodeterminación, autonomía personal y toma de decisiones", a la vez que explicó que esta figura profesional "desarrolla actividades de ayuda a domicilio, de acompañamiento y soporte dentro y fuera del hogar o cualquier otra actividad que forme parte del proyecto de vida independiente de la persona" y que, por lo tanto,  este profesional "facilita la igualdad de oportunidades, permite la inclusión y participación social, un mayor acceso a la formación, al empleo y al ocio, entre otras”.

En este sentido, el senador por Ávila destacó "la importancia" de que las personas con discapacidad "puedan tomar sus propias decisiones y llevar las riendas de su propia vida", algo para lo que resulta imprescindible la figura del profesional de asistencia personal. “Conseguir el empoderamiento y autodeterminación de las personas con discapacidad es un pilar fundamental para su inclusión e igualdad de oportunidades”, defendió el senador abulense que recordó que en la actualidad el desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas origina "importantes desigualdades para acceder a la figura del asistente personal". Por ello, el GPP pide "que se regule, en el ámbito estatal,  la figura de este profesional, estableciendo un marco laboral adecuado y fijando unos criterios comunes que garanticen la calidad de la prestación del servicio en todo el territorio nacional".

Además esta iniciativa pide que se coordine desde el Imserso, junto con las administraciones regionales y el CERMI, el establecimiento de los criterios comunes que garanticen la calidad de la prestación económica de asistencia personal en todo el territorio.