El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid  ordenó ayer el ingreso en prisión provisional bajo fianza de 800.000 euros de la hija del dueño de la empresa funeraria El Salvador, a la que se atribuyen los presuntos delitos de estafa y pertenencia a organización criminal.La entrada en la cárcel de la que hasta ahora era la directora gerente del tanatorio se suma a las de su hermano y el padre de ambos y dueño de la funeraria, que lo hicieron el pasado sábado bajo la misma fianza que la mujer de 33 años. Todos los investigados, en total 16, lo son en unas diligencias abiertas por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal. Se trata de una calificación jurídica genérica y provisional. Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.

La orden de ingreso en prisión se produjo después de que agentes de la Policía Nacional detuvieran ayer a L.M.V., de 33 años y sin antecedentes policiales, dentro del marco de la operación Ignis, que investiga una trama en la que presuntamente se cambiaron unos ataúdes por otros de menor calidad antes de proceder a incineraciones, según informa Ical.

La investigación arrancó en 2017 a raíz de una denuncia de la propia empresa contra un extrabajador, ya jubilado, por un intento de chantaje, lo que destapó las sospechas entre los agentes. La primera fase de la operación arrancó el jueves a las 8.00 horas y finalizó entrada la tarde, con siete registros, dos en las oficinas, donde también se ubican los crematorios, y otros cinco en inmuebles particulares.

La actuación detectó casi un millón de euros en uno de los registros domiciliarios, en concreto 981.785 euros. Entre los detenidos, 13 hombres y dos mujeres, una tercera parte corresponde a directivos de la empresa y el resto trabajadores, pero todos ellos relacionados con el entorno mercantil de la firma. La empresa cometió supuestos delitos de estafa continuada y organización criminal, si bien inicialmente no se incluye el de profanación de cadáveres.

Millones de euros.

Además del dinero citado, hallado únicamente en uno de los inmuebles de uno de los ejecutivos, los medios policiales se incautaron de ocho ordenadores, un servidor y un importante volumen de documentación, entre ellos libros de registro. La Policía Nacional estima en «millones de euros» el daño económico de la estafa. Dentro de la operación se están investigando hechos producidos desde 1995 a 2015 y se esperan nuevas detenciones y más registros al estar en la fase inicial de la investigación. Tampoco se descarta que tras el estudio de la documentación incautada se pueda ampliar el periodo de análisis.