Los servicios jurídicos del Estado presentaron ayer ante el Constitucional el recurso del Gobierno contra la consulta popular del próximo 9-N. Eso ocurrió unas horas después de que el Consejo de Ministros, apoyándose en el dictamen del Consejo de Estado, acordara impugnarlo para «proteger la democracia», ya que se pretende hacer un proceso «sin base legal y sin ninguna garantía democrática», según sostuvo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Lo previsible es que el próximo martes se reúna el pleno del Alto Tribunal y admita a trámite la propuesta del Ejecutivo. En ese instante, la consulta quedará suspendida de forma cautelar con efecto retroacivo al momento en el que se impugnó, es decir, ayer. Eso sería el 4 de noviembre, a solo cinco días del 9-N. «Esperemos que Artur Mas cumpla esta vez las resoluciones», afirmó.
directores de colegio. Según explicó Sáenz de Santamaría, el Consejo de Ministros decidió impugnar el 9-N alternativo porque, «si bien no hay decreto de convocatoria», sí existen «inumerables actuaciones» encaminadas a celebrar esa consulta que «no solo es contraria a la ley, es contraria también a los derechos de los catalanes». Así, citó como ejemplo a funcionarios y directores de colegios e institutos, a los que Mas «quiere colocar a la intemperie legal».
Además, fijó un paralelismo entre el referéndum original y la nueva consulta. De esta manera, recordó que se pretende celebrar en la misma fecha, con la misma pregunta, urnas y papeletas. Además, se carece de un censo y de una administración electoral independiente que vele por la limpieza del proceso. También dijo que iba a estar pilotada por voluntarios «captados e instruidos».
Desde el punto de vista jurídico, el Consejo de Ministros reafirmó las «evidencias» de inconstitucionalidad que, según el dictamen del Consejo de Estado, contiene la consulta popular. Entre otras, contiene «apreciables elementos de carácter refrendario», como votar en sobre cerrado y la urna. Yla pregunta excede «de forma palmaria» las competencias de la Generalitat. Otra prueba aportada fue la web www.participa2014.cat.
Al ser preguntada por las razones por las que el Gobierno no imponía a Cataluña algun tipo de castigo económico, la popular aseguró que no piensan cortar el grifo porque «la Generalitat ha perjudicado bastante los derechos de los catalanes como para que el Gobierno adopte medidas que vayan en perjuicio de los servicios públicos a los que tienen derecho».
A este respecto, citó el Fondo de Liquidez Autonómica y el Plan de pago a proveedores que, dijo, son los únicos instrumentos para «garantizar» que los catalanes reciban los servicios públicos que pagan con sus impuestos. «No vamos a perjudicar a la ciudadanía».