La Junta de Castilla y León tendrá que formalizar alrededor de 1.200 millones de deuda a lo largo de este año y lo hará en los mercados financieros en los que existe «demanda y suficiente interés» por las emisiones de la Comunidad, sobre todo de inversores extranjeros.

Así lo confirmaron a Ical fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Pilar del Olmo, que explicaron que para cubrir esos 1.200 millones, que suponen una primera estimación sin unos presupuestos cerrados, se apostará por operaciones con una duración entre 10 y 20 años y a un tipo fijo. En este sentido, precisaron que «la idea es que haya un sesgo más hacia emisiones de deuda que hacia préstamos» porque se pretende «aprovechar el apetito de inversores que no son bancos, que quieren deuda».

En este sentido, las mismas fuentes recordaron que el año anterior, al acudir a la Facilidad Financiera del Gobierno, hubo «más apetito» por el «papel» de la Comunidad que volumen emitido, por lo que durante 2019 tratarán de aprovechar «ese apetito mayor de los inversores extranjeros» que «han vuelto por el papel de las autonomías una vez eliminadas todas las incertidumbres».

En este contexto, afirmaron que Castilla y León «no tendrá problemas» para colocar su deuda, porque siempre ha mantenido una «presencia activa» en los mercados. «Es un punto a nuestro favor», comentan desde la Consejería y aclaran que centrarán «mucho» sus negociaciones «en el plazo, tipos y margen de cierre, es decir, la discusión del día a día».

Los responsables consultados por Ical, próximos a la consejera Pilar del Olmo, insistieron en que este año se financiarán en los mercados porque una ausencia prolongada acaba convirtiéndose en una «penalización y te cierran las lineas de refinanciación y de riesgo». «Es bueno tener contacto con los mercados», defendieron.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha planteado actualmente esa dinámica para que las autonomías dejen de depender de los fondos gubernamentales. Además, los expertos explican que Castilla y León «no cumpliría» con los requisitos del Fondo de Facilidad Financiera, que ya utilizó en los ejercicios anteriores, al haber sobrepasado el objetivo de déficit en 2017; y aunque podría acudir al Fondo de Liquidez (FLA), no optarán, porque «supone un control de las cuentas y una reducción de la autonomía financiera».