La Audiencia Nacional confirmó ayer que juzgará al extesorero del PP Luis Bárcenas y al presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, al considerar que existen «nítidos» indicios de delito contra ellos, que se enfrentan, respectivamente, a peticiones fiscales de 125 años y un mes y 42 años de cárcel.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechazó en 14 autos los recursos de apelación presentados por 24 acusados, entre ellos Bárcenas y Correa, contra el auto que el juez Pablo Ruz dictó el pasado 8 de enero en el que proponía sentar en el banquillo a un total de 42 personas por las actividades que la red desarrolló en su «primera época», entre los años 1999 y 2005.

 El tribunal, que tiene pendientes de resolver las apelaciones de otros cuatro acusados, rechaza las alegaciones del que fuera administrador financiero de los populares argumentando que existen suficientes indicios de su participación en delitos de corrupción y que «falta justificación» sobre la procedencia de los 48 millones de euros que llegó a acumular en dos bancos suizos.

 En relación con las operaciones de compra y venta de obras de arte con las que el extesorero y su esposa, Rosalía Iglesias, trataron de justificar la procedencia de medio millón de euros, la Justicia recuerda que este método «se ha podido utilizar para ocultar una importante suma a Hacienda».

presuntos amaños. En el caso de Correa, la Audiencia Nacional califica de «nítidos» y «fuertes» los indicios de delito que existen contra él y considera acreditada su «implicación en la organización delictiva que dirigió, compuesta por un entramado de empresas que controlaba en la sombra, a pesar de no figurar bajo su titularidad».

 El supuesto líder de la red corrupta se dedicaba supuestamente, según el auto, a «la obtención de favores y adjudicaciones amañadas, cuyas comisiones irregulares repartía para obtener la fidelizacion de las personas implicadas, llevando una contabilidad paralela para evitar las cargas fiscales y un sistema de facturación falsa para ocultar o disimular las operaciones reales».

 Los magistrados también rechazan que se haya vulnerado el derecho de los acusados a ser investigados por el juez predeterminado por la ley, como alegó el presunto número dos de la red, el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo para librarse del juicio.

Asimismo, censuran las pretensiones del extesorero del PP Álvaro Lapuerta y del presidente de Sufi, filial de Sacyr, Rafael Naranjo, que invocaron una «enfermedad sobrevenida» para evitar sentarse en el banquillo de los acusados en relación a este caso.