Miércoles 7 de noviembre. A media mañana, ya casi a la hora de comer, el presidente del PP, Pablo Casado, sacaba del cajón la bola de cristal y observaba a través de ella —se supone que con bastante nitidez—  a un grupo de banqueros tramando la fórmula con la que iban a terminar haciendo pagar al consumidor el impuesto que minutos antes Pedro Sánchez había anunciado que cargaría al sector financiero. Lo que vio Casado es más o menos lo que todo el mundo pensaba en ese instante que podía —y puede— ocurrir. Si ya suele decirse que la banca siempre gana, ¿quién quiere pensar que en esta ocasión no? Y Casado, aprovechando ese filón que se supone es coincidir con el pensamiento de la mayoría, acusó a Sánchez de engañar. Porque si se tiene la certeza, como la tenía él en ese momento, de que los bancos saldrían inmaculados de la 'trampa' del Gobierno, tiene su sentido que quisiera hacer creer a los ciudadanos que Pedro Sánchez nos quería embaucar con una medida populista, pero a la postre poco practica para el hipotecado. 

El órdago de Sánchez, sin embargo, no fue el único. Al poco llegó el de Casado. Su propuesta —que para eso estamos en campaña— no era ni gravar a los bancos ni a los clientes, sino suprimir este impuesto. Puestos ya a rebajar el IRPF y las sucesiones, como ya había anunciado con anterioridad, ¿por qué no añadir a la lista el correspondiente al acto jurídico documentado? ¿Alguien da más? Sin embargo, o a Casado se le rompió la bola de cristal o dejó de mirarla justo en el momento en el que en ella se aparecía Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de Castilla y León, haciendo cuentas para ver de dónde recuperar los aproximadamente 75 millones de euros que cada año la propuesta de Casado le restaría de la recaudación autonómica. Porque, por cierto, lejos de la creencia instalada de que la banca se pone las botas con este impuesto, la realidad es que quienes lo cobran y hacen uso del dinero son los gobiernos autonómicos. Otra cosa distinta es que la banca sea la que obliga a formalizar este acto jurídico para otorgar un préstamo hipotecario, que es lo que vendría a ser el origen del problema. 

Lo que me pregunto es por qué Casado está convencido de que los bancos buscarán la forma de repercutir a los clientes el impuesto al que les ha obligado Sánchez y no cae en la cuenta, ni de pasada, de la más que previsible tentación —y necesidad— que tendrán los gobiernos autonómicos de recuperar por otra vía lo que Casado ‘perdona’ a los ciudadanos. Es decir, la misma cuenta de la lechera que Sánchez y el mismo perjudicado final. Porque de lo que no anda sobrada la Junta es de dinero y lo que pierda de recaudación por un lado lo tratará de recuperar por otro. Casado lo fía a la reforma de la financiación autonómica, pero es demasiada confianza en algo que lleva estancado diez años y por lo que Mariano Rajoy tampoco movió un dedo en sus siete de presidente. Y Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a suceder a Juan Vicente Herrera en la Junta, respalda la supresión planteada por Casado. Pobre de su consejero o consejera de Hacienda si lo logra. Quien se crea con opciones de serlo ya puede ir echando cuentas.