Un año después del fallecimiento de la niña gallega de origen chino Asunta Basterra, cuyo cadáver apareció en una pista forestal de la localidad coruñesa de Teo, la madre adoptiva de la pequeña, Rosario Porto, que se encuentra en prisión acusada de su asesinato junto a su padre, Alfonso Basterra, recordó ayer a su hija con una esquela en la que se podía leer «Te querré siempre» y que públicó El correo gallego.

En el texto encargado por la abogada compostelana a ese periódico, en el que trabajó Basterra, aparecía el nombre de la niña, Asunta Yong-Fang, seguido de la leyenda «In Memoriam. Te querré siempre. Mamá». Un hecho curioso, cuanto menos, si se tiene en cuenta que 12 meses después de que la pequeña apareciera muerta, tanto ella como su exesposo se encuentran encarcelados a la espera de que se fije una fecha para la celebración de un juicio.

Y es que, las pruebas practicadas a Asunta determinaron que su fallecimiento se había producido por asfixia y que, anteriormente y durante meses, había ingerido un ansiolítico, Orfidal, que anuló su voluntad antes de ser asesinada, dos elementos determinantes de los que el juez que instruye el caso, José Antonio Vázquez Taín, culpa a sus progenitores. 

En la madrugada del 22 de septiembre, dos hombres que circulaban por el lugar en el que aparecieron los restos de la cría dieron la voz de alarma al localizar, en una cuneta al pie de un árbol, el cuerpo sin vida de una niña. Vestía pantalón corto y camiseta y estaba descalza. 

Las pistas apuntaron desde el primer momento al entorno cercano de la víctima y, más en concreto, a sus padres adoptivos, la abogada y el periodista, separados, que la noche en la que se produjo su muerte habían acudido a una comisaría de Santiago de Compostela a denunciar la desaparición de su hija. 

Las «inconsistencias» detectadas por la Guardia Civil en las declaraciones de los progenitores sobre los últimos movimientos de la joven y las primeras pruebas precipitaron sus detenciones. 

Porto fue arrestada dos días después de la localización de la pequeña. Los agentes la trasladaron al cuartel desde el tanatorio compostelano de Boisaca, donde acababa de asistir a la incineración de su hija. 

Por su parte, Alfonso Basterra fue detenido al día siguiente, tras un registro en una de las viviendas de su exmujer en la que los investigadores creen que se produjo la muerte.

Al denunciar la desaparición de la niña, la abogada, acompañada del periodista, aseguró a los agentes que había salido de su casa sobre las 19,00 horas, dejando a la menor en la vivienda. Al regresar, pasadas las 21,30, encontró la casa vacía y creyó que Asunta había ido andando a casa de su padre, a pocos metros de distancia. 

Según contó Porto, pasado un tiempo se puso en contacto con su exmarido y, al confirmar que la niña no estaba con él, acudieron a denunciar su desaparición. La madre de Asunta contó también a la Guardia Civil un extraño acontecimiento ocurrido semanas antes en su domicilio, cuando supuestamente un desconocido había entrado y tratado de matar a la cría. El hecho no fue denunciado y los investigadores creyeron que era un invento de los propios progenitores. 

Con esta versión en la mano, la primera señal de alarma la dieron las imágenes de distintas cámaras de seguridad de la ciudad, que grabaron a Porto en compañía de Asunta a una hora en la que, según sus palabras, estaba sola en casa. Además, ambas aparecen esa tarde en el coche de la madre en dirección a Teo, donde la abogada posee una casa herencia de sus padres. 

 

«LES ESTORBABA». Nueve meses después del asesinato de Asunta, el juez decidió dar por concluida la instrucción del caso y dictó apertura de juicio oral el 21 de julio. El magistrado sostiene que ambos padres «colaboraron» para su muerte en un plan «orquestado» para deshacerse de ella porque les «estorbaba». En concreto, el auto establece que fue el padre quien administró la dosis mortal de Orfidal, mientras que su madre la asfixió en Montouto. 

Para Porto y Basterra, la acusación popular pide 20 años de cárcel por un delito de asesinato, una pena que la Fiscalía rebaja a 18 años de prisión. 

Mientras, las defensas mantienen que existe un plan urdido para implicar a los padres.