El Ministerio del Interior español informó ayer de la detención, a su llegada al país, de ocho nacionales prorrusos por haber participado en el conflicto de Ucrania, violentando así la neutralidad que debe mantener el Estado en este asunto. La Policía considera que sus acciones pueden ser constitutivas de delitos que comprometen la paz o la independencia de la Nación y, en concreto, les atribuye «complicidad en asesinatos y tenencia y depósito de armas y explosivos». Además, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz recordó que algunos de los actos cometidos en esa contienda han sido calificados como terrorismo por las autoridades locales.
Los investigadores sostienen que los arrestados, que quedaron en libertad tras prestar declaración ante las autoridades policiales (aunque con la medida cautelar de comparecer ante el juez cuando les sea requerido), han difundido su participación en el conflicto también a través de las redes sociales y con repercusión en la captación y reclutamiento de futuros combatientes. Así, los detenidos compartieron su entrenamiento, exhibiendo uniformes paramilitares, fusiles de asalto, artefactos y dispositivos explosivos y manifestándose a favor de la lucha armada acometida por los secesionistas violentos.
‘OPERACIÓN DANKO’. La captura, enmarcada en la denominada Operación Danko, se produjo en Gijón, Cartagena, Barcelona, Cáceres, Pamplona, la madrileña localidad de Alcorcón y en la propia capital. Los ocho españoles se desplazaron a Ucrania durante 2014 para incorporarse a los grupos separatistas prorrusos en el bando que lucha por la independencia de las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk.
El operativo, que culmina diversas investigaciones de la Comisaría General de Información, se desarrolla en virtud de Diligencias del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional que dirige el juez Santiago Pedraz.
De los ocho detenidos, que se habían integrado en la denominada Brigada Internacional Carlos Palomino para luchar contra el cuarto Reich en Europa, tres eran antiguos militares del Ejército de Tierra y tenían formación en el uso de armas y material bélico, según informaron fuentes jurídicas.
El Código Penal establece penas de hasta 15 años de cárcel por comprometer la neutralidad de España en guerras en las que no participa, uno de los delitos que se atribuyen a los capturados en el marco de la Operación Danko.
«Será castigado en sus respectivos casos el que durante una guerra en que no intervenga España ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado o infringiere las disposiciones publicadas por el Gobierno para mantenerla», apunta el artículo 591 del texto legal.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los actos de los combatientes españoles pueden ser constitutivos de cooperación en asesinatos y homicidios, y tenencia y depósito de armas
Así, Interior desveló finalmente que la operación se ha llevado a cabo para tratar de poner coto a este fenómeno emergente de participación nacional en conflictos armados y evitar actuaciones en el extranjero que podrían ser consideradas como terrorismo y que tendrían como objetivo aterrorizar a la población civil.