La Mesa Profesional de Enfermería, formada por el Colegio de Enfermería y el sindicato de enfermería Satse, convocaron este martes una sesión informativa a la que estaban llamados todos los profesionales de enfermería de Ávila. El fin no era otro que informarles de la situación en la que se encuentran los enfermeros y enfermeras ante el nuevo decreto de prescripción del medicamento, vigente desde el pasado mes de diciembre de 2015 y con el que este sector sanitario no se muestra de acuerdo. Así lo corroboraba Miguel Rodríguez Rodríguez, presidente del la organización colegial de Enfermería, que representa a 1.072 profesionales, quien reconocía que «queremos que el gremio de enfermería conozca las consecuencias de la entrada en vigor del Real Decreto conocido como ‘Prescripción Enfermera’. Así, el auditorio del hospital Nuestra Señora de Sonsoles, muy concurrido de profesionales de enfermería, que ocupaban casi el aforo completo, acogió esta sesión en la que se ofreció seguridad jurídica e información sobre las competencias y los aspectos deontológicos a los que se enfrenta este colectivo sanitario tras la entrada en vigor de la nueva norma en Castilla y León.
«El problema que tenemos encima viene derivado de la puesta en práctica del Decreto, que nos hace retroceder a la época de los ATS desde el punto de vista competencial, una situación de 1953», afirmaba el representante de la enfermería en Ávila. Bien es verdad que se había pactado con las comunidades autónomas, en el Consejo Interterritorial, con la Abogacía del Estado y con el Ministerio y, antes de que viera la luz, «se introdujo en el articulado del Decreto una normativa que obliga a los enfermeros a tener una autorización médica, un diagnóstico facultativo y una supervisión médica previa para poder administrar medicamentos a pacientes», afirmaba Rodríguez que añadía que «antes nos encontrábamos en una situación alegal cuando administrábamos un medicamento y ahora se ha convertido en ilegal». Eso es lo que estuvieron transmitiendo al gremio de enfermería, que respondió mayoritariamente a la cita en la que también intervino Fernando Cócera, responsable del sindicato de enfermería Satse, quien afirmó a esta redacción que «lo que queremos dejar claro es lo que deben hacer los enfermeros a la hora de administrar medicamentos de prescripción médica». Este decreto nos deja «en el vacío» ante situaciones que afrontan los enfermeros y enfermeras todos los días con los pacientes como es la administración de medicamentos. «No han contemplado un nuevo protocolo pero deja en la ilegalidad el existente hasta ahora», por lo que con este nuevo decreto, los enfermeros ni siquiera podrán administrar la vacuna de la gripe, añade Cócera.
Bien es verdad que la batalla por la prescripción enfermera lleva ya un largo recorrido. Se inició en 2005, con los debates para la elaboración de una nueva ley del medicamento. El Consejo General de Enfermería solicita que se dé legalidad a las numerosas situaciones de prescripción farmacológica que las enfermeras llevan a cabo diariamente. Se inicia así una campaña de concienciación social y política que dura ya 10 años.
El texto definitivo aprobado por el gobierno del Partido Popular incorpora «cambios sustanciales con respecto al pactado con las organizaciones colegiales de enfermeros y médicos», afirman los convocantes de esta sesión informativa. Según ellos, se trata de un texto diferente al que había recibido el visto bueno del Consejo Interterritorial y del Consejo de Estado.
Esta situación viene a sumarse a una «larga lista» de problemas que afronta el colectivo de Enfermería que, desde que comenzó la crisis, ha perdido un centenar de puestos de trabajo.