Se acabó la tregua. Acabados los exámenes de febrero, alumnos universitarios y de enseñanzas medias vuelven a cargar contra el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), pero no todos apoyan las movilizaciones organizadas por el Sindicato de Estudiantes (SE) y por el movimiento asambleario No a Bolonia.

El Sindicato de Estudiantes convocó ayer una huelga en institutos y universidades, así como manifestaciones en una treintena de localidades, continuación de las dos jornadas de lucha del otoño pasado para exigir la retirada inmediata de los planes de Bolonia y que la crisis «la paguen los capitalistas». Cerca de 2.000 estudiantes de distintos puntos de España, principalmente Madrid y Barcelona, secundaron las protestas, en las que se pidió la destitución de la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

Las asambleas universitarias contrarias al plan de homogeneización europeo, que también reclaman la paralización del EEES y referendos en los centros de educación superior, saldrán a la calle el próximo jueves con el lema Por una universidad no mercantilizada, debate real y público.

Atrás quedan las manifestaciones sectoriales de estudiantes, titulados y profesores que protestaban en 2004 y 2005 contra una eventual desaparición de Historia del Arte o la «degradación» de las ingenierías técnicas.

Ahora, los boicoteos a autoridades académicas y políticas, a veces violentos -al president Montilla trataron de agredirle hace un par de semanas-, los encierros en facultades y rectorados de la Ciudad Condal, Valencia y la capital de España, sobre todo, y las manifestaciones se basan en otros motivos, que el Ministerio de Ciencia e Innovación se afana en rebatir. Los peligros son, según los alumnos movilizados, la «privatización» de la universidad pública por la presencia creciente de empresas, la «mercantilización» de los máster oficiales, los obstáculos para compaginar trabajo y estudio o la desaparición de las carreras no rentables.

«Los están confundiendo, es irreal, nada tiene que ver con ningún documento de Bolonia», replicó el portavoz de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), Antonio Casas. Otra cosa es, precisó, que las Administraciones recortasen la financiación; eso sí pondría «en riesgo» el carácter público de la universidad: «Seguramente haya errores que corregir, pero la idea básica del Espacio Europeo es positiva».

En cambio, el secretario general del SE, Tohil Delgado, opinó que Bolonia es una «contrarreforma» que el Gobierno lleva adelante «sin intención de negociar nada». «Claro que queremos converger con Europa: en el 40 por ciento de estudiantes becados, en el 2 por ciento del PIB que algunos países dedican a la universidad pública; a esa Europa sí que nos queremos parecer, no a la de los recortes sociales».

La portavoz de la asamblea coordinadora de estudiantes de Madrid, Olga Arnáiz, consideró propaganda y no información los especiales sobre Bolonia que la Conferencia de Rectores y el Ministerio han incluido en sus web. Sobre las acusaciones de que son antisistema o radicales, se mostró molesta por tal «generalización» y negó que estén manipulados por partidos o sindicatos.

Por su parte, el secretario de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), Diego Ortega, afirmó que las cosas se han hecho «a la española: tarde y corriendo». Mientras unos trabajan en los órganos de representación y decisión por un «cambio provechoso», otros solo se echan a la calle porque decidieron «no participar». De la misma opinión es el coordinador de Universidades de la Confederación Estatal de Asociaciones de Alumnos (Canae), Raúl Almarcha.

En estos momentos, unos 16.000 alumnos cursan ya planes de estudios adaptados al modelo universitario europeo en 33 centros públicos y privados.