La maldad de algunos desaprensivos está poniendo en peligro la recuperación de una de las rapaces más amenazadas del continente europeo: el águila imperial ibérica. Y esto está ocurriendo más cerca de lo que se pueda pensar: dos especímenes de águila imperial fueron halladas muertas por envenenamiento en Riocabado y Pozanco. Y junto a ellas, un milano real, otro negro y un buitre negro, (especies protegidas). En las proximidades de sus cadáveres, además, cebos envenenados. Ése fue el triste panorama con el que se encontraron agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y efectivos del Seprona de la Guardia Civil.

El hecho de que aparecieran esos cebos hizo que presumieran que se trató de una actuación intencionada y por ello se recogieron muestras y pruebas además de los cadáveres de los animales que fueron trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Junta (Valladolid), allí y tras practicárles la necropsia, se confirmó la muerte por envenenamiento. Ahora habrá que discernir qué tipo de veneno causó las bajas de estas especies. Lo hará el Laboratorio Forense de Vida Silvestre ubicado en Madrid tras el pertinente análisis toxicológico.

Además de la tragedia que conlleva siempre este tipo de actuaciones contra la fauna, supone un hecho de especial gravedad dado que el águila imperial ibérica, aquila adalberti, está clasificada como «especie en peligro de extinción» como la rapaz más amenazada de Europa y sobre todo porque es una de las cuatro rapaces más escasas del planeta: sólo 250 parejas reproductoras de esta especie a nivel mundial confirman esa escasez.

23 parejas, en ávila. Da la casualidad que la Península Ibérica las atesora todas y en el caso de Castilla y León, sólo Ávila y Segovia cuentan con ejemplares. Según los datos de SEO/Birdlife, de las 42 parejas que existen en la región, 23 están en Ávila.

El águila imperial se distribuye en varias subpoblaciones a veces «francamente aisladas» y con un nivel escaso de intercambio de individuos. Todos estos factores unidos, con la distribución inestable de ejemplares hacen más fácil el hecho de que estén en vías de extinción. Es precisamente en Ávila y Segovia, y sobre todo en la zona norte de ambas donde parece que el águila se encuentra en su hábitat y según las observaciones de los últimos años se está produciendo una importante expansión de águila imperial en esta zona, de ahí el importante revés que suponen estas muertes en la provincia abulense. La nota enviada por las administraciones a los medios de comunicación lo califica así: «Un importante golpe para los objetivos de recuperación de la especie, cuando se estaban produciendo avances importantes».

El jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de Ávila, Nicolás González, aseguraba a Diario de Ávila que éste es el caso más grave que se recuerda en los últimos meses, al tiempo que intentaba clarificar el motivo de las muertes que, si bien es cierto que, «nunca se saben de antemano, en muchas ocasiones se trata de víctimas indirectas», de la mano del hombre, esto es, a veces los ataques no son contra ellas sino contra otras especies.

traslado a la fiscalía. De hecho, desde las administraciones recordaban que las consecuencias de los envenenamientos pueden ser graves no sólo para la fauna silvestre, sino que pueden verse afectados animales domésticos y personas... y, eso, acarrea responsabilidades penales, es por ello que está previsto dar traslado al ministerio fiscal de los hechos para que se adopten las medidas oportunas.

La utilización de venenos y cebos envenenados está expresamente prohibida por la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León (art. 31) y la infracción de este precepto está considerada como falta muy grave (art.74), que lleva aparejada una sanción de multa de 3.903,88 a 78.077,48 euros.

Seo Birlife pide contundencia. No es la primera vez que aparecen aves muertas y envenenadas este año en Castilla y León este año y tampoco es que entre ellas hubiera águilas imperiales, pero no por ello deja de sentar como un jarro agua fría a los responsables de la organización ecologista Seo Birdlife. Desde sus filas, Beatriz Sánchez, exigía ayer a la Junta de Castilla y León y Guardia Civil una investigación lo más minuciosa posible para depurar responsabilidades ante la tragedia de Riocabado y Pozanco.

Explicaba Sánchez que, de nada sirven los grandes esfuerzos para proteger al águila imperial ibérica si se siguen utilizando venenos en el campo que, recordó, son «ilegales» y como tales deben estar mejor vigilados. Algo en lo que está de acuerdo la Junta de Castilla y León y así lo expresaba en la nota de prensa.

Ilegales sí, indiscriminados, también y masivos, por supuesto. Esto es lo que venían a decir desde la asociación ecologista y por lo que pedían que cayera todo el peso de la ley sobre los desaprensivos.

Y es que recordaban las administraciones que, en este sentido, las consecuencias de los envenenamientos pueden ser graves no sólo para la fauna silvestre, sino que pueden verse afectados animales domésticos y personas con las consiguientes responsabilidades penales que llevan aparejadas.

Los ecologistas también reconocían que la Junta de Castilla y León no estaba actuando mal en ocasiones, tomando medidas como el cierre de los cotos en los que se había esparcido el veneno.