Recuerdo perfectamente cómo hace casi cinco años pisé el fango del fondo del Embalse del Burguillo en compañía de varios alcaldes de la zona del Alberche-Pinares. Terminaba el verano y padecíamos una gran sequía, responsable de haber convertido este pantano en un auténtico paisaje lunar. Así se veía en la desembocadura del Arroyo Gaznata al pasar por el puente de la N-403, junto al merendero en el que hace ya tiempo había una escuela de piragüistas.
Entonces, todavía como responsable de los informativos de COPE en Ávila, entraba en los programas nacionales para contar la denuncia que se hacía desde nuestra provincia, ya que una gran parte del volumen de El Burguillo iba a parar a regadíos en Castilla-La Mancha.
Ya en octubre de 2005, nada más llegar a la Castilla hermana, al hacerme cargo de los informativos de COPE para toda esta comunidad, me vi inmerso en el debate del agua, pero en este caso escuchando las denuncias de los trasvases del Tajo al Levante español. Incluso, fui testigo de una conferencia de presidentes en el Senado en la que hipotéticamente se iba a hablar del agua y de poco sirvió, así como transmití desde el Congreso de los Diputados, en directo para toda la región, la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha con todo lo que su tramitación está suponiendo de cara al líquido elemento. Asimismo, asistí a los actos oficiales de Castilla-La Mancha -con tono reivindicativo- en la Expo de Zaragoza, dedicada al agua.
En definitiva, esa idea de enfrentar territorios sobre el uso y disfrute del agua es una de las tremendas y erróneas consecuencias de la derogación de una planificación hidrológica nacional, a la que necesariamente vamos a tener que volver, ya que todos los territorios donde falta agua la merecen, así como de los que procede, no pueden verse privados de la misma para su desarrollo. Y precisamente, en un año como el actual, en el que hemos gozado de tantas precipitaciones, es un buen momento para esta reflexión, cuando nadamos en abundancia, no cuando volvamos a la carestía.
Por tanto, esa responsabilidad de poner paz en todo lo relativo al agua pertenece al Gobierno de la nación, tan dado últimamente al desgobierno y a repartir atribuciones entre quienes no las tienen. Así que, dado que de momento, agua tenemos bastante y de lo que andamos mal es de cuartos, en medio de una crisis económica y social, podríamos retomar la necesaria planificación hidrológica a través de un pacto nacional del agua, en el que quedasen claras una serie de premisas, como el necesario abastecimiento de zonas en las que se carezca de agua, pero con la prioridad de la cuenca natural sobre la cedente y, de paso, emprender las obras e infraestructuras necesarias que echen una buena mano al desempleo galopante. ¡Eso sí sería un auténtico plan!