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18/06/2007

Tribunales

Los tribunales condenan a setenta menores a realizar tareas sociales

La responsable de la Unidad de Intervención Educativa de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta asegura que el incremento puede deberse a que «ahora se denuncia más»

Ana Agustín / Ávila

Según los datos facilitados por la responsable de la Unidad de Intervención Educativa de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Mariví García Arévalo, el número de expedientes tramitados a jóvenes menores de edad residentes en la provincia que han de realizar trabajos para la sociedad como medida por haber infringido el código penal en alguno de sus puntos, un total de 64 en lo que llevamos de año, es casi similar al de los de todo el pasado año 2006, 69 expedientes. Este incremento se debe, según García Arévalo, en gran medida, al incremento en el número de denuncias «porque ahora se denuncia mucho más, aunque los hechos suelen constituir faltas leves en su mayoría, contabilizándose muy pocos delitos graves» y a que «el pasado año hubo un atasco en el Juzgado de Menores por motivos informáticos, que se están resolviendo este año». En cualquier caso, es destacable que en sólo 6 meses casi se ha igualado la cifra de todo un año.
Fue a partir del año 2000, con la implantación de la Ley de Responsabilidad del Menor (Ley 5/2000), cuando surgen los juzgados de menores y la posibilidad de dictar medidas educativas cuya ejecución corresponde a las administraciones. En ese momento, la Junta crea el Servicio de Atención y Reinserción de Jóvenes Infractores y en cada provincia se instaura una Unidad de Intervención Educativa, que se encarga de ejecutar las medidas impuestas. «Hay dos tipos de medidas, unas de medio abierto y otras de medio cerrado, que son las que exigen el internamiento del menor en un centro». Con respecto a las primeras, el juez de menores impone las medidas «y la Unidad dice dónde tiene el menor que cumplirla». De tal manera, se busca que la medida tenga relación con la infracción cometida. «Si un menor ha ocasionado destrozos en el mobiliario urbano se le exige que preste trabajos en el servicio de limpieza o en otras áreas del Ayuntamiento o si ha sido sancionado por agresión a mayores, suele trabajar en centros para personas mayores», asegura la responsable de la Unidad de Intervención Educativa de la provincia de Ávila. Para ello cuentan con una serie de convenios suscritos con diferentes organizaciones sociales y con el Ayuntamiento de Ávila, además de los acuerdos a los que, de modo particular, llegan con otras entidades privadas. Por lo que respecta a las infracciones o faltas que con más frecuencia se cometen, las peleas de fin de semana ocupan el primer lugar «con mucha diferencia con respecto a las demás». Sin embargo, García Arévalo se extraña de que apenas se produzcan denuncias por destrozos de mobiliario «tal vez porque sea difícil identificar a los infractores».
Por lo que respecta a los resultados obtenidos desde que se encuentra en funcionamiento la Unidad de Intervención Educativa, Mariví García Arévalo afirma que la mayoría de los menores no reincide «aunque algunos están realizando varios servicios simultáneos porque se les han juntado varias medidas». Las medidas que más frecuentemente se imponen son las prestaciones en beneficio de la sociedad, aunque también son frecuentes y efectivas las que obligan a los menores a pasar los fines de semana en el domicilio. En este sentido el control sobre el cumplimiento de la medida corre a cargo de un técnico de la Unidad que realiza visitas al domicilio y llamadas telefónicas, «aunque siempre se requiere la colaboración de la Policía Local, para que vigilen los horarios nocturnos». Otras medidas pueden ser fines de semana en centros y la convivencia en un grupo educativo, «que se hace siempre fuera de Ávila».    

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