Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ávila estudiarán de nuevo el expediente presentado en su día por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila en el que se pedía el cerramiento del espacio situado delante de la sede de este colegio. Así lo harán atendiendo a una reciente sentencia del Contencioso Administrativo que obliga al consistorio abulense a revisar la licencia otorgada al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila «respecto de lo dispuesto en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Ávila por las obras de vallado realizadas en la avenida de Madrid» frente a la sede del citado colegio profesional.
Según Alberto Plaza, responsable municipal del área de Urbanismo, «la sentencia no cuestiona la titularidad de este espacio» y sólo obliga al consistorio a revisar la licencia concedida en su día al Colegio de Farmacéuticos para poder cerrar «este espacio de naturaleza privada que el Plan de Ordenación Urbana del año 1983, que contemplaba un futuro ensanche de la avenida de Madrid que finalmente nunca ha sido llevado a cabo, calificó como lugar de uso público (LUP)».
Aunque Plaza confirma que desde el Ayuntamiento de Ávila se acatará la sentencia, también explica que no existe ningún impedimento legal que prohiba el cerramiento de lugares de uso público. De hecho, asegura, «en la capital abulense existen otros espacios de titularidad privada considerados como LUP que han sido vallados, atendiendo a motivos de seguridad o otras necesidades».
titularidad. Al margen de obligar al Ayuntamiento de Ávila a revisar de nuevo este expediente, la sentencia, reitera Plaza, no duda en ningún momento de la titularidad privada de este solar situado en la avenida de Madrid, ya que, prosigue, «este lugar nunca ha sido de dominio público porque nunca se ha cedido ni expropiado por parte del Ayuntamiento».
Esta sentencia se suma a un largo historial de resoluciones judiciales que han tenido a este espacio libre de uso público como protagonista, si bien esta sentencia no se pronuncia sobre la propiedad de este lugar al argumentar que no es competencia del Juzgado Contencioso Administrativo y que debe de ser la jurisdicción civil la que deba decidir a quien se atribuye la propiedad del mismo.