Las peticiones de justicia gratuita se han disparado en Ávila en los últimos años, al igual que ocurre en el resto del territorio nacional coincidiendo con la crisis económica que estamos atravesando y algunas decisiones legislativas concretas. Consecuencia directa de esta situación es el aumento del gasto y el retraso en el pago de las prestaciones a abogados y procuradores del turno de oficio por parte de la Administración de Justicia, tanto central como de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en esta materia, entre las que Castilla y León no se encuentra.

Para que la asistencia letrada en el turno de oficio sea más eficiente, desde el punto de vista de abogados y procuradores abulenses se hace necesario que sea el Estado quien inicie el procedimiento en cada caso concreto y no los colegios profesionales, de tal modo que, una vez aceptada la asistencia jurídica gratuita solicitada por el ciudadano, se entregue a los colegios la necesaria tramitación burocrática.

La mejora de este servicio público de justicia, reconocido por la Constitucion, comienza por dotarle adecuadamente de una infraestructura procedimental y, en el caso de las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia, por equiparar la compensación económica de los profesionales intervinientes a las del resto de comunidades, como son Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia, Madrid, Asturias, Andalucía, Navarra y Canarias. Compensaciones entre las que no se encuentra actualmente el derecho reconocido legalmente a la Seguridad Social, que sí tienen por ejemplo los abogados y procuradores gallegos.

Infraestructuras necesarias que los profesionales del Derecho creen que dificilmente se podrán alcanzar si, como en el caso del Colegio de Procuradores de Ávila, se percibe del Estado 2.700 euros anuales para gastos, teniendo en cuenta que durante el pasado año 2009 fueron 900 los asuntos resueltos con unas compensaciones económicas reducidas a 24 euros por cada asunto civil, poco más de 18 euros por el penal y 21 euros por cada apelación, cantidades de las que hay que retraer las correspondientes retenciones.

En el caso de los abogados, que son quienes son los que inician el procedimiento, las solicitudes registradas en el turno de oficio este mismo año se elevaron a 2.243, de las que una vez examinadas, se asignaron a los letrados en 2.096 casos. Tales cifras revelan que en tan sólo dos años se ha incrementado un 25 por ciento el número de asuntos aceptados. Con ellos se encuentran más de 2.000 asistencias al detenido recogidas y tramitadas en los juzgados de Ávila, Arenas de San Pedro y Arévalo.

Las compensaciones económicas recibidas por los abogados es mayor, al serlo también su participación en el procedimiento. Así, a título de ejemplos, la asistencia individualizada al detenido o preso es de 60 euros y de 150 cuando se realiza durante el servicio de guardia durante 24 horas en situación de disponible. También es de 60 euros la compensación por asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer víctima de violencia de género, siempre que no haya sido durante el servicio de guardia.

En el caso de intervenir ir un tribunal del jurado, la compensación se eleva a 300 euros, y en cada asunto del procedimiento penal general se reduce a 270. En el ámbito civil, las retribuciones llegan a 240 euros cuando se trata de un juicio ordinario y de 150 si es verbal. Los recursos de casación o amparo suponen una compensación de 240 euros.