El Comité Provincial de UGT en Ávila defendió ayer la convocatoria de la huelga general para el próximo 29 de septiembre porque el Real Decreto-Ley de reforma laboral aprobado por el Congreso de Ministros «supone un grave recorte de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, así como una agresión directa a sus propios intereses». Una vez concluido el Comité, desde UGT se llevó a cabo la primera pegada de carteles por la ciudad para animar a los abulenses a que secunden la convocatoria.
En la resolución aprobada en la reunión del II Comité Provincial ordinario del sindicato se insistió en que «es una reforma laboral dura y regresiva, que supone una concesión directa a las exigencias empresariales que han venido reclamando un despido más fácil por causas objetivas así como su abaratamiento, que se materializa en el intento de universalizar los despidos con 20 días de indemnización frente a los 45 actuales, la reducción a la mitad del tiempo de preaviso y con la generalización del contrato de fomento de la contratación indefinida».
Por este motivo, desde UGT se hizo un llamamiento a los parlamentarios abulenses del PSOE y del PP para que no apoyen con su voto la reforma laboral.
También mostró UGT su «más profundo rechazo» al «giro de 180 grados de la política económica del Gobierno de la nación» porque, a su juicio, «tampoco posibilita la realización de obras públicas tan necesarias para el desarrollo y salida de la crisis de nuestra provincia, como la conexión con la A-6, la autovía a Maqueda, la conexión a la Alta Velocidad con Segovia...». A su vez, anunciaron que estarán alerta «ante el presumible intento del actual Gobierno de rebajar la cuantía y tiempo de las prestaciones económicas por desempleo en los próximos Prespuestos Generales del Estado».
Al mismo tiempo, el Comité Provincial de UGT mostró su preocupación «por el sentido del recorte de gasto público en Castilla y León y cómo puede verse afectado el gasto social y las competencias exclusivas de la Comunidad, como son, entre otros, las políticas activas de empleo, políticas sociales, en educación y en sanidad».
Finalmente expresó su «inquietud» por la situación de los cerca de 15.000 desempleados que actualmente hay en la provincia, «y de forma especial de aquellos cuyos niveles de renta se encuentran prácticamente en situación de reserva por agotamiento de la prestación social y el subsidio».
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