La aprobación, ayer, del inicio de las negociaciones para que Caja de Ávila se sume al grupo interregional Banca Cívica, supone el primer paso de la entidad abulense para unirse a un proyecto promovido por Caja Navarra y al que luego se adhirió Caja Canarias que tiene ya sus ideas de futuro muy claras y bien definidas. Caja Navarra y Caja Canarias ya tienen firmado un contrato de integración para la constitución del grupo Banca Cívica, documento que en muy poco cambiará, salvo en la ampliación de socios y en la distribución de responsabilidades de gobierno y control, para abrirse a la muy probable inclusión de las cajas de Ávila, Burgos y Segovia.

Ese contrato, al que ha tenido acceso este diario, justifica el proyecto de Banca Cívica en la necesidad de las cajas de adaptarse a un nuevo sistema financiero que demanda «concentración, principalmente por razones de eficiencia, de solvencia y de mantenimiento de la rentabilidad», entorno de «mayor dureza competitiva» que hace recomendable «reorganizarse bajo la fórmula de un grupo económico de base contractual que aspira a ser reconocido como grupo consolidable desde el punto de vista mercantil y de la regulación bancaria y como instrumento de concentración desde el punto de vista de la normativa sobre competencia».

Los elementos principales de vertebración de Banca Cívica, según ese contrato creado para cuando a principios de este año iba a quedar integrada por las cajas de Navarra, Canarias y Burgos, son los siguientes:

1.- Se establecerá una instancia central de gobierno, denominado Sociedad Central, participada por las cajas y en cuyo órgano de administración estarán presentes, entre otras, las personas que ostentan los cargos de mayor representatividad y responsabilidad dentro de las cajas. Sería «una sociedad anónima sujeta a Derecho» constituida «como entidad de crédito bajo la supervisión del Banco de España»

2.- Se articulará una integración financiera de amplio alcance basada en la constitución de un Sistema Institucional de Protección de Liquidez y Garantía (SIP) y un Sistema de Participación Mutua en Resultados «destinado a reforzar la profundidad de la integración y dotarla de un esquema equilibrado de flujos financieros».

3.- Una integración funcional sostenida en la centralización de estrategias y políticas, la integración operativa y la puesta en común y desarrollo de negocios.

Todos esos mecanismos, a través de una delegación de funciones a favor de la Sociedad Central que tendrá «las competencias necesarias para la dirección unitaria del Grupo», «permitirán unificar la gestión del grupo y poner en común negocios de las entidades que participan en el proyecto, reduciendo sus costes operativos, aumentando su eficiencia y constituyendo una plataforma lo bastante amplia para participar adecuadamente en los mercados de capital».

Ese programa de «integración funcional» de las cajas incluidas en Banca Cívica se articulará en tres grandes bloques: la centralización de políticas, la integración operativa y la puesta en común y desarrollo de negocios

De la búsqueda de garantías comunes deja constancia la cláusula que establece que en caso de que alguna de las cajas implicadas o la propia Sociedad Central conociesen niveles de alerta o de emergencia en cualquiera de los indicadores de estabilidad, y el plan de actuación correspondiente previera la prestación de la asistencia financiera prevista, las partes «se obligan a proveer la necesaria liquidez o solvencia» para superar la dificultad.

Banca Cívica, sostiene su contrato de integración, servirá para «reforzar el carácter social de las cajas que lo integran, en coherencia con su naturaleza jurídico-económica», además de que permite «el debido equilibrio entre las exigencias de unidad y de pluralismo -de centralización y descentralización- y, por tanto, facilita la consecución de una solución que aúna a combina buena parte de las ventajas de la fusión y de la conservación de la personalidad jurídica de cada caja y de su identidad territorial».

Porque, viene a resumir el acuerdo ya firmado por Caja Navarra y Caja Canarias, lo que busca el proyecto de Banca Cívica es «salvaguardar la identidad institucional de cada una de las cajas, integrar negocios y servicios de interés común (incluida la protección frente al riesgo de iliquidez e insolvencia) y centralizar estrategias de negocio y políticas», todo ello siguiendo unos «criterios de responsabilidad corporativa, competitividad y eficiencia» que se comprometen a «evitar en lo posible su impacto sobre el empleo», al tiempo que «permitirá incrementar la rentabilidad de todas y cada una de las cajas y, por tanto, reforzar la capacidad de generación de recursos para la obra social, que constituye la razón de ser primordial de estas entidades».

Acuerdan también las cajas fijar un sistema de participación mutua de resultados, a modo de otro mecanismo de integración financiera del Grupo «y con el fin de fortalecer la unidad económica que está en la base de su consolidación, de reflejar, hacia dentro y hacia fuera, la profundidad de su integración» y, en definitiva, de reforzar su cohesión, estabilidad y equilibrio».

Seguramente el grueso de las negociaciones que ahora deban llevar a cabo las cajas de Ávila, Segovia y Burgos antes de decidir su inclusión o no en Banca Cívica, porque es donde más se juegan todas ellas, se centre en el reparto de cuotas de poder en esa denominada Sociedad Central, cuyos miembros tendrán las funciones de la ordenación general del Grupo, la gestión de los mecanismos de integración financiera y la centralización de la integración operativa y funcional. Y teniendo en cuenta que cada caja deberá delegar en la Sociedad Central, y específicamente en su órgano de administración, «las facultades necesarias para lograr los objetivos de eficiencia perseguidos», no es desatinado pensar que cada una de las entidades de ahorro buscará tener la mayor capacidad de decisión en ese órgano ejecutivo único.

También será el consejo de administración de la Sociedad Central quien apruebe la política general de recursos humanos del Grupo (por mucho que «el ámbito individual de cada caja constituya una responsabilidad propia») y la política comercial común,

Cada caja mantendrá cierta autonomía en la toma de decisiones, que por ejemplo alcanzará a la gestión de la red de su zona natural (que también habrá que redefinir, ya que en el anterior contrato, cuando no se contemplaba a Ávila y Segovia, ese ámbito de actuación para Caja Burgos abarcaba a toda la comunidad de Castilla y León) o la toma de decisiones para el desarrollo de su obra social y cultural.

El contrato de incorporación al grupo tendrá una duración mínima de 15 años; transcurrido ese periodo, el contrato se convertiría automáticamente en indefinido, salvo para aquellas cajas que lo hubiesen denunciado con una antelación de al menos 24 meses.