Uno de cada tres docentes que ejerce su labor en España ha sido intimidado en una o más ocasiones por alguna forma de violencia (física, insultos, amenazas, etc), y hasta un 50% tiene temor a sufrir esa forma de brutalidad, preocupante dato que se desprende de un estudio de campo realizado por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) que fue presentado ayer en Ávila, donde el sindicato celebró su Consejo de Salud Laboral.
Carlos López, secretario general federal de FETE-UGT, explicó que la mencionada encuesta sobre la violencia en los centros escolares como factor de riesgo psicosocial en los trabajadores de la enseñanza, en la que participaron unos 1.240 profesores y maestros de todas las comunidades de España, desvela también que los cada vez más comunes comportamientos disruptivos de los alumnos (constantes interrupciones de la clase realizadas a propósito) generan altos niveles de estrés a más de la mitad de los docentes.
Las medidas preventivas que deben aplicarse para minimizar esas violentas conductas, en opinión de UGT, deben ir dirigidas «a mejorar, controlar, legislar y favorecer las relaciones profesor-alumno y la de los propios alumnos entre ellos», cambios que podrían concretarse en «atención a la diversidad, disminución de las ratios, ampliación de las plantillas, dotación de nuevos perfiles profesionales que permitan reforzar la labor docente, la formación en habilidades sociales y el favorecimiento de la mediación como metodología para la solución de conflictos en los centros», todo ello de la mano de «una mayor implicación de toda la comunidad educativa».
Frente a las propuestas de cambios en el sistema educativo español, UGT defendió la necesidad de que se llegue a «un acuerdo de mínimos» entre PSOE y PP «para que no haya cambios continuos de ley», cambios que luego deberán consensuarse con las comunidades autónomas y que habrán de llevarse a cabo «de manera que la comunidad educativa no sea una convidada de piedra».
También avanzó el sindicato que dos propuestas a las que nunca renunciarán ante cualquier cambio son «el mantenimiento de la posibilidad de jubilación de los docentes a los 60 años» y la defensa «de la autoridad del docente, más pensando en las familias que en el aula», a lo que sumarán, entre otras reivindicaciones, «un cambio en la puesta en práctica e la libre elección del centro educativo, ya que no se puede consentir, como ocurre ahora, que un 80% de los alumnos inmigrantes se encuentren en los centros públicos».