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08/02/2007

San Nicolás

Ayuntamiento y Junta seguirán sus expedientes sobre la villa romana

El delegado territorial de la Junta, Francisco José Sánchez, no desvela si recurrirán la sentencia del Juzgado de lo Penal, pero dice que, en todo caso, continúa la vía administrativa contra los promotores.

Eduardo Cantalapiedra

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ávila proseguirán con los expedientes administrativos abiertos en agosto de 2003 contra los promotores del Plan Parcial San Nicolás por la supuesta destrucción de los restos arqueológicos de la villa romana. Así lo confirmaron ayer tanto el delegado territorial de la Junta, Francisco José Sánchez, como el alcalde de esta ciudad, Miguel Ángel García Nieto, tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Penal de Ávila en la que se absuelve a los promotores del Plan Parcial San Nicolás y a los dueños de la empresa constructora por entender que no se ha probado la destrucción de estos restos arqueológicos.
Francisco José Sánchez manifestó su «respeto absoluto» al fallo judicial, del que no quiso comentar ningún detalle, y no desveló si la Junta de Castilla y León recurrirá en apelación, ya que «acabamos de conocer el contenido de la sentencia». El delegado territorial de la Junta subrayó que los promotores de las citadas obras quedan exonerados de responsabilidad penal, pero «la vía administrativa sigue abierta». Así, manifestó que en caso de no ser recurrida la sentencia, se retrotraerán al expediente administrativo abierto, «que deberá seguir su curso».
Por su parte, el regidor abulense, Miguel Ángel García Nieto, expresó igualmente su «respeto al Estado de Derecho, al poder Judicial y a sus sentencias» y recordó que el Ayuntamiento «puso en marcha un expediente contra los promotores de ese plan parcial que fue paralizado hasta que concluyera la vía penal, pero que una vez terminada seguirá su curso».
También apuntó García Nieto, que el Ayuntamiento de Ávila se retiró del proceso penal, pues «sólo tiene competencias en cuanto al control urbanístico, pero no respecto a temas patrimoniales, que recaen en la Junta de Castilla y León». El alcalde matizó además que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo «ya dio la razón al Ayuntamiento respecto a la paralización cautelar de las obras en 2003, una vez constatados los daños producidos».

Expedientes. En cuanto a los expedientes sancionadores incoados tanto por el Ayuntamiento de Ávila como por la Junta de Castilla y León, hay que recordar que el primero fue notificado el 22 de agosto de 2003 a las personas y entidades involucradas y respondía a «la realización de obras no ajustadas a las condiciones de la licencia municipal concedida», que llevaron a la destrucción de esos restos arqueológicos. El mismo se fundamentaba en «la realización de las obras de urbanización sin la firma del acta de replanteo ordenado (...), así como la destrucción del yacimiento romano situado en los viales de la urbanización proyectada sin autorización» que, a juicio de los técnicos municipales, constituían «prueba suficiente de infracción urbanística, conforme a lo dispuesto en el artículo 115.1.a de la Ley de Urbanismo de Castilla y León».
Además, se recogía también el informe emitido por la arqueóloga municipal, según el cual «se dieron instrucciones verbales al representante legal de la junta de compensación, Jesús del Ojo, sobre la necesidad de la autorización de la Junta de Castilla y León para la eliminación de los restos arqueológicos aparecidos».
Igualmente apuntó la arqueóloga que «la destrucción de los restos arqueológicos no estaría justificada por las labores de urbanización del solar al encontrarse en la zona contraria a donde se realiza el vial y más bajos que todas las zonas colindantes».    

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