Sin que sea posible aclarar qué ha cambiado para justificar un nuevo, el enésimo, bandazo en la política del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, anunció ayer que, en rectificación de lo anunciado a bombo y platillo hace pocos meses, los ayuntamientos que se encuentren en una situación financiera «más saneada» sí podrán endeudarse el próximo año.

La socialista, a la que Zapatero parece haber sacrificado definitivamente, volvió pues a encargarse de mostrar la cara más amarga de un Ejecutivo que sigue sin encontrar el rumbo en materia económica más allá de poner tantos parches como hagan falta para mitigar las casi unánimes quejas.

De hecho, el anuncio que Salgado realizó ante el Pleno del Congreso trata de taponar el aluvión de críticas vertidas por los entes locales, especialmente los gobernados por el PSOE, que, tras décadas de despilfarro, amenazaban con dejar de prestar incluso los servicios básicos si Moncloa les corta el grifo de los préstamos.

Ante lo que prometía convertirse en una rebelión, particularmente peligrosa ante la cercanía de las elecciones municipales, ahora Zapatero da marcha atrás, de modo que, siempre según la número tres del Gabinete, «más de las tres cuartas partes de los ayuntamientos» podrán acogerse a esta modificación legal.

En principio, siempre por supuesto que el PSOE no vuelva a cambiar de opinión, la rectificación de la hasta ahora ineludible necesidad de ahorro supondrá que los consistorios estarán autorizados para pedir créditos en 2011 siempre que su deuda viva no supere el 75 por ciento de los ingresos liquidados, y con la condición de que el dinero se destine a inversiones y no a gasto corriente.

Exclusiones de peso. Tales requisitos dejarían fuera a ciudades como Madrid y Valencia, una circunstancia que llevó al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, a advertir de que seguirá «peleando» para que tales exigencias se relajen.

Cabe recordar que la deuda de las corporaciones locales era de 36.085 millones de euros en el primer trimestre de 2010 y que, al término del pasado año, Madrid, con 6.762 millones de números rojos -una cifra superior al total de sus ingresos- acumulaba el 23,5 por ciento del agujero de todos los municipios y quedaría por tanto fuera de la exención del Gobierno.

Tal situación es muy similar a la de la capital del Turia, con 835 millones de deuda y 799 de ingresos, la de Zaragoza -752 y 785- y la de Málaga -719 y 556-

Mientras, Barcelona -753 millones de deuda y 2.255 millones de ingresos-, Sevilla -522 millones y 1.032- o Bilbao sí podrían pedir prestados nuevos fondos.

Tal constatación de que las dos principales urbes españolas no entran en la amnistía crediticia llevó al PP a acusar a Salgado de falaz, puesto que la medida únicamente beneficiará a los núcleos de población más pequeños y no al grueso de la ciudadanía.

Así, por boca de su secretario de Política Autonómica, Juan Manuel Moreno, los populares explicaron que el Gobierno de Zapatero ha vuelto a convertirse en el de «la chapuza, la improvisación y la rectificación». A juicio de Moreno, el anuncio hecho por Salgado solo afecta a los pequeños municipios, porque los ayuntamientos con más de 100.000 habitantes tienen un endeudamiento superior al 75 por ciento y por tanto la modificación no les beneficia.

No arregla nada. En opinión del conservador, el Ejecutivo continúa «sin presentar un plan viable sobre un nuevo modelo de financiación local» y abandona «a su suerte al conjunto de los Gobiernos locales, puesto que esta medida no soluciona los graves problemas de financiación que tienen la mayoría de los grandes alcaldes y alcaldesas».

Aún más amargos fueron los lamentos del concejal de Hacienda de Valencia, Silvestre Senent, quien denunció que el Gobierno central y el PSOE «viven permanentemente en la contradicción más absoluta, no se aclaran y cada día dicen una cosa diferente».

«Con ello, lo único que están consiguiendo es que las corporaciones municipales estén viviendo una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que puede tener consecuencias muy negativas en la prestación de servicios públicos imprescindibles».