efe / madrid
El Gobierno logró ayer sacar adelante la reforma laboral que abaratará el despido y ejercerá un mayor control a los desempleados, después de dos meses de tramitación en su paso por el Congreso y el Senado.
El Pleno de la Cámara Baja aprobó definitivamente el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo, después de eliminar la mayoría de los cambios propuestos por los grupos políticos en el Senado e introducir solo las enmiendas del PSOE y una del BNG.
Así, la nueva normativa mantiene los puntos más controvertidos del documento inicial de la reforma que presentó el Ejecutivo en junio, especialmente los referidos a la contratación y a los despidos.
De esta forma, el texto incluye que las empresas puedan despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización, no solo cuando tengan pérdidas, sino también cuando prevean tenerlas, o registren una persistente caída de ingresos.
También generaliza el contrato de fomento del empleo, que conlleva una indemnización de 33 días por año trabajado, al incluir a los empleados fijos de entre 31 a 45 años que hayan sido despedidos.
Además, establece mayor control a los parados, que podrán ser sancionados si rechazan cursos de formación en un plazo no superior a 30 días, al tiempo que facilita la destitución por faltas al trabajo y rebaja al 2,5% el índice de absentismo total que puede tener una empresa y que marca el despido objetivo individual.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defendió la modificación porque cree que es «equilibrada y ambiciosa» y da más seguridad a empresarios y trabajadores. Así, subrayó que no se trata de una reforma «corta» y puntualizó que su aprobación coincide con el inicio de la recuperación económica, por lo que «reforzará las bases para la consolidación de una economía sostenible».
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, argumentó que la reforma permitirá a España ser más competitiva, ya que dará respuesta a la falta de flexibilidad del mercado laboral. Además, confió en que el Gobierno pueda recuperar la vía del diálogo con los sindicatos después de la huelga general del 29 de septiembre.
Sin embargo, los sindicatos insistieron, durante un acto multitudinario en la madrileña plaza de toros de Vista Alegre, en que, tras la huelga, el Ejecutivo debe rectificar, tal y como lo ha hecho con los ayuntamientos, tras aceptar que ahora puedan endeudarse los más saneados. Entre gritos que alentaban a ir a la huelga y de «Zapatero dimisión», CCOO y UGT reiteraron que esta reforma es la más lesiva para los derechos de los trabajadores en la historia de la democracia.
Al mismo tiempo, en el Congreso, a excepción del socialista, todos los grupos de la Cámara criticaron la ley por considerar que no solucionará los problemas más importantes del mercado laboral.