El Tribunal Supremo confirma la anulación del programa de infraestructuras del Plan de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010 por no establecer una ubicación concreta de los centros de eliminación de residuos. Así, respalda de este modo la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de junio de 2007, en la que estimó parcialmente el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción y que fue recurrida por la Junta ante el Supremo en casación.
El Supremo desestima el recurso planteado por la Administración regional y mantiene en el fallado por el TSJ e impone el pago de las costas procesales, con el límite de 4.000 euros. La sentencia establece que de acuerdo a la legislación nacional y también la comunitaria «los planes de gestión deben prever criterios de localización espacial o geográfica de los lugares de eliminación de residuos y por ello han de incluir un mapa que señale su emplazamiento que se dará a los lugares de eliminación de residuos o unos criterios de localización precisos para que la autorización competente para expedir una autorización». «Estos requisitos no se cumplen», recoge la sentencia. Además, dice que la determinación que contiene es solo «aparente» ya que indica tres zonas de una «amplitud desmesurada» en las que se pueden autorizar instalaciones y incluso establece que se pueden hacer fuera de ellas.
Regeneración. Asimismo, anula el objetivo específico de regeneración de sólo el 40 por ciento de los aceites de automoción recogidos en 2010, al considerarlo ilegal ya que el Real Decreto establece que los agentes responsables de la puesta en el mercado de aceites industriales están obligados a alcanzar un 65 por ciento a partir de enero de 2008. Desde Ecologistas en Acción explicaron que pondrán esta sentencia en conocimiento de todos los órganos judiciales que hayan otorgado o tengan que hacerlo las autorizaciones para la puesta en marcha de estas instalaciones, explicó el portavoz de este colectivo en Valladolid, Miguel Ángel Ceballos.
Además, pidió a la Junta que «trabaje, después de 20 años con los brazos cruzados» y redacte un plan que tenga en cuenta las necesidades de la Comunidad y que la Administración controle las instalaciones de residuos peligrosos y evitar así que, como sucede en la actualidad, estén bajo la iniciativa privada y se conviertan en «un foco de atracción» para las industrias de otras los procedentes de Madrid y el País Vasco.
Por eso, trasladarán este asunto al Consejo Asesor de Medio Ambiente para que se ponga solución a una situación «lamentable». En este sentido, el responsable de Ecologistas en Acción en Burgos, Luis Oviedo, hizo un llamamiento a la Junta para que no busque «recovecos legales» para solucionar este problema y cree leyes singulares para sacar adelante sus proyectos.