La viceconsejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Begoña Hernández, se reunió ayer en Oviedo con representantes de Carbounión, EDAS y el Gobierno del Principado de Asturias para analizar la situación del sector minero y fijar una posición común de «defensa del sector», a la vez que reclamaron la aprobación «urgente» del Real Decreto que permitiría, por garantía de suministro, restaurar el incentivo al carbón que se retiró hace más de un año.
«Hemos planteado un escrito conjunto que, desde ambos gobiernos, presentaremos a los integrantes del colegio de comisarios que decidirán la aprobación o no del Real Decreto, con el objetivo de expresar con claridad nuestros argumentos, y hemos acordado ejercer una actividad más intensa en Bruselas a través de nuestras propias oficinas allí, con el resto de regiones europeas que puedan sumarse a esta iniciativa, para crear en el Parlamento Europeo una corriente favorable al sector en general», explicó Hernández.
miembros de la reunión. La viceconsejera se desplazó a Asturias acompañada por el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González, y se reunieron con el consejero de Industria del Principado de Asturias, Graciano Torre, el presidente y el portavoz de la patronal minera Carbunión, Victorino Alonso y Gerardo Biaín, respectivamente, así como el director General de Minería y Energía, Isaac Pola.
Todos coincidieron en subrayar la «máxima urgencia» que requiere la aprobación del Real Decreto, que deberá ver la luz «de la forma más inmediata posible». «El Real Decreto cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos de Bruselas y de la UE, y por lo tanto es una norma perfectamente ajustada a derecho a la normativa en vigor», subrayó Begoña Hernández.
Según explicó, el «año tortuoso» que fue 2009 para el sector hace que ahora sea «absolutamente imprescindible» la aprobación de los incentivos, tras medidas coyunturales como la del almacenamiento estratégico que «han paliado temporalmente una parte del problema». Por ello, desde Castilla y León y desde Asturias exigirán al Gobierno central «contundencia» en la defensa y la exigencia de la aprobación inmediata del Real Decreto.