El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, durante una visita a una residencia de mayores.
La implantación de la Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León, cuyo anteproyecto está previsto que llegue a las Cortes autonómicas en el primer trimestre de este año, incrementará en un 40 por ciento la inversión actual que se dedica a estas prestaciones hasta 2015, al pasar de los 810 millones de euros actuales a los más de 1.130 millones que alcanzará dentro de cinco años, según figura en la memoria económica del borrador de la normativa.
De estos fondos, según las estimaciones, 753,11 millones de euros procederían de la Junta de Castilla y León, y 183,67 millones, de la Administración General del Estado, en función de la previsión de transferencia de fondos adicionales hasta 2015, a partir de la memoria del análisis de impacto normativo, económico, de género e igualdad de oportunidades de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
El resto, 195,14 millones, llegarían a través de aportaciones de las corporaciones locales.
El impacto económico de la futura Ley está calculado en función de los nuevos derechos que verá reconocidos la normativa, así como del número de personas dependientes que entrarán a formar parte del sistema hasta 2015 -aproximadamente sumarán 90.000 personas con derecho a prestación-.
Nuevas plazas. Asimismo, en el cálculo también ha pesado el compromiso adoptado en el marco del Diálogo Social hace un año, que contempla la creación de al menos 3.400 nuevas plazas para personas dependientes hasta el citado año, así como nuevas plazas de centros de día y la extensión de la ayuda a domicilio.
En concreto, a raíz de este acuerdo, se prevé que la Junta invierta 240 millones de euros en los próximos cinco años en estos servicios, lo que implicará, además, que la Gerencia de Servicios Sociales, dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, vea incrementado su presupuesto en un 39,7 por ciento, al pasar de los 670 millones con los que contó en 2008 a los 936,78 de 2015. Es decir, en 266,21 millones de euros en cifras absolutas.
Incremento justificado. El incremento de la inversión está justificado, además de por el aumento de derechos de la Ley, por el nuevo escenario social, determinado por fenómenos como la inmigración, el envejecimiento de la población, las nuevas formas de exclusión social y los retos derivados de la igualdad de oportunidades, así como los nuevos ámbitos de competencia de la Comunidad y la implementación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, integrados en los servicios sociales.
El anteproyecto contempla, por otro lado, la participación social y la solidaridad, a través de iniciativas que impulsen la labor del voluntariado, de las asociaciones ciudadanas y de los grupos de autoayuda. En este sentido, la participación ciudadana se concretará en órganos consultivos y de cooperación. De hecho, el texto que ultima el Ejecutivo autonómico prevé la creación del Consejo Regional de Servicios Sociales y del Comité Consultivo de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia.