El tribunal consideró que la ley invade competencias estatales y "vulnera, entre otros principios constitucionales, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española". El 'Parlament' aprobó la ley el 6 de septiembre en una turbulenta sesión mientras los diputados opositores al gobierno independentista abandonaban el Pleno