Las dificultades en el terreno laboral siguen afectando a varias empresas abulenses, si bien parece que con menor virulencia que en los años más duros de la crisis económica. Al menos eso se puede interpretar de la actividad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en la provincia de Ávila durante el pasado año en comparación con ejercicios anteriores, aunque respecto al año 2017 se tramitaron más expedientes, con más empresas y más trabajadores afectados. El Fogasa, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario, abonó durante el año 2018 cerca de 931.000 euros a un total de 209 trabajadores de la provincia de Ávila, según los datos facilitados por el propio organismo. Es el montante anual más bajo de los registrados desde el año 2009, cuando la cantidad se quedaba en poco más de 867.000 euros, aunque en el caso de los trabajadores beneficiados por las prestaciones la cifra es la más alta desde 2014. El volumen de los expedientes gestionados, hasta 194 a lo largo del año pasado, también es el más elevado de los últimos cuatro ejercicios. Entre las causas que pueden explicar esta situación, el Fogasa precisa en su última memoria anual que la protección está llegando a un elevado número de trabajadores y que el aumento de expedientes es proporcionalmente mayor que la cuantía del gasto porque el importe recibido por cada trabajador es menor, al haberse reducido el cómputo del salario mínimo interprofesional para determinar la cuantía a percibir, pasando del triple al duplo.