Alfredo tenía garantizada «la cárcel, la tortura y tal vez la desaparición». A sus 39 años, este venezolano, cuyo pecado fue no cerrar la boca ante las flagrantes irregularidades que se cometían en la empresa hidroeléctrica en la que trabajaba, optó por dejar atrás su vida y abandonar un país donde la impunidad campa a sus anchas. Desde hace poco más de un año, espera la respuesta del Gobierno español a su solicitud de asilo que establece el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una situación angustiosa que describe como «estar en un videojuego donde no sabes si te van a dar más vidas». «Sería una pesadilla volver, porque si no estás con la revolución estás muerto», confiesa un hombre en el exilio que ve aún lejano el reencuentro con su familia. «Tengo un hijo de 11 años», según remarca.
Como él, un total de 14.720 compatriotas han pedido protección internacional en España entre enero y septiembre de 2018, sumando el 37 por ciento de los aspirantes a cobijarse bajo un paraguas que se concede a los perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual. Casi 15.000 personas que huyen del régimen de Nicolás Maduro (4.091 más que en todo 2017) y a las que se unen los 6.214 colombianos amenazados por la guerrilla de las FARC, los 2.191 sirios asediados por una guerra que ya dura siete años, los 1.818 hondureños que deciden hacer las maletas un año después de la represión postelectoral o los 1.730 ciudadanos de El Salvador desesperanzados por una espiral de violencia que se recrudece sin visos de solución.
Así hasta superar los 39.500 solicitantes de asilo en 2018 que, encomendados al Ministerio del Interior, esperan una respuesta frente a los 31.740 de un año antes. Aunque, teniendo en cuenta las estadísticas desde 2011, son ya 58.638 las personas pendientes de una protección internacional en España que les permita coger aire para seguir adelante. El colapso es tal que la Policía Nacional ha convocado 40 plazas para agilizar la tramitación en Madrid de las citas a solicitantes de asilo, que en las últimas semanas se han visto forzados a hacer largas colas en la calle. El refuerzo de personal de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que además ha incorporado a 69 nuevos trabajadores en los últimos días (y sumará en próximas fechas 18 más), se produce después de que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, iniciara una investigación sobre las duras condiciones que soportan los inmigrantes.
Al igual que Alfredo, Lina buscó asesoramiento en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) a su llegada a España a finales de 2014. Asegura que hizo «todo lo posible» por no dejar Siria, hasta que las bombas comenzaron a explotar cerca de su casa y del colegio de sus dos hijos. De hecho, según pone de manifiesto, le gustaría «volver cuando haya paz». «La decisión de salir no fue fácil», reconoce. Tras permanecer en un centro de acogida de CEAR en Getafe, esta mujer de 43 años inició un arduo trabajo en el que se dio de bruces con la barrera del idioma. «Fueron nueve meses en los que tuvimos que asumir las costumbres, así como hábitos, de los españoles», recuerda echando un vistazo atrás en el tiempo.
Ahora, y tras ver reconocido su derecho al asilo, tiene un empleo con el que puede satisfacer sus necesidades más básicas. Sus ojos reflejan tristeza, pero también están llenos de esperanza. Lina no se tuvo que jugar la vida en el Mediterráneo, pero a Ash no le quedó más remedio. Cuenta que decidió adentrarse en el mar de forma ilegal por el cierre de todas las fronteras que rodean Siria, aún a sabiendas del peligro que corría. «La Policía turca intentó matarnos», señala. Por suerte, fueron rescatados por las autoridades griegas tras más de cinco horas en el agua «muertos de miedo».
Desde Honduras, donde «las maras tienen una concepción de la masculinidad en la que no caben los homosexuales ni los hombres con sensibilidad para la danza», llegaron Unai y Esteban, una patreja de bailarines que estudian interpretación mientras se resuelve su solicitud de asilo. «Era un infierno, vivía con mucho miedo, vigilando que no te vean, porque siempre te están observando… Pensando dónde voy a guardar el dinero o qué ruta voy a tomar, pensando si me van a matar, si me van a violar, si algún día pasar a la acción. Tuvimos que huir. Eso no es vivir», relata el primero.
Tras intentar llegar a territorio español medio centenar de veces por todos los medios posibles, Hervé logró llegar a Tarifa en una zodiac en abril de 2015 tras pagar 1.200 euros. Este joven de Camerún, uno de los supervivientes de la tragedia del Tarajal, que se saldó con la muerte en el mar de 14 migrantes y la desaparición de una persona más en la playa ceutí el 6 de febrero de 2014, espera ahora el asilo que le permita pasar página y pide justicia para «una historia que no puede ser despreciada».
Junto al incremento de los refuerzos humanos, el Ministerio de Interior ha ordenado otras mejoras para una Oficina de Asilo y Refugio que desde 1995, año en el que fue creada, ha visto dispararse exponencialmente el número de solicitudes de protección internacional. No en vano, en la última década se han multiplicado por 13 al pasar de las poco más de 3.000 anotadas en 2009 a las casi 40.000 registradas en lo que va de 2018.
En este sentido, este órgano contará con un nuevo sistema informático de asilo, que no se renueva desde 2006, y pondrá en marcha protocolos de acción que permitan agilizar los trámites de demanda de protección internacional atendiendo a criterios de igualdad y también en casos de eventuales desembarcos masivos. Y es que en 2018 España se ha convertido en la principal ruta de personas migrantes y refugiadas por mar a Europa, con más de 20.000 llegadas en lo que va de año, debido, en gran medida, a que el número de entradas en Italia y Grecia ha descendido notablemente. «No hay ningún efecto llamada, sino un efecto huida ante el riesgo de muerte», dejan claro desde CEAR.